El actual secretario de Seguridad deberá declarar ante el juez civil, subrogante en lo penal, Victor Soto en Choele Choel en el marco de una causa iniciada por entorpecimiento de la justicia iniciada por una denuncia de la jueza penal Marisa Bosco.
Cabe recordar que todo inicio con las escuchas telefónicas que surgieron por el caso Uriarte, cuando la pesquisa por la chica desaparecida en Río Negro derivó en la investigación de la relación policial con la red de trata.

“–¿Sabés qué? Tengo que llevar a una chica para fichar, loco –dijo el cafishio.

–¿Cómo está (la chica)? –contestó el oficial de guardia.

–Está rebuena.

–Uy, qué los parió. Esperá... Le preguntamos al subco.”

La investigación por la desaparición de la joven Otoño Uriarte de Fernandez Oro, Río Negro, que habría sido secuestrada y reclutada por una red de trata, dio con una pista que revela la connivencia entre los proxenetas y la policía, que en este caso se encargaba de “blanquear” chicas menores de 18 años, proveyéndoles una nueva identidad adulta. Una escucha telefónica dispuesta por la jueza María del Carmen García García descubrió este modus operandi. Aunque esta conversación involucra a una comisaría de Choele Choel, la Justicia decidió investigar a toda la policía provincial.

Este fragmento de la conversación le alcanzó a García García, titular del Juzgado Penal 21, para pedir la apertura de una causa que investigue el papel que juega la policía rionegrina en el accionar de las redes de trata de personas, que reclutan a adolescentes y mujeres de todo el país para el circuito de la prostitución. La magistrada Marisa Bosco, del Juzgado Penal 30 de Choele Choel –que en este momento se encuentra de licencia– sería la encargada de desentrañar esta conexión, tomando como base la escucha telefónica dada a conocer ayer por el diario Río Negro.

La conversación entre el proxeneta y el agente de la comisaría 8ª continúa de este modo:

–¿Todo al pelo por allá? –dice el policía.

–Sí, todo muy tranquilo... acá estoy acostado con las chicas –responde el mandamás del burdel.

–Qué envidia que te tengo. ¿Cómo es que estás acostado con las chicas?

–Saluden chicas... (se oyen voces femeninas y el policía se ríe).

–¿Y de dónde es la piba nueva?

–De La Pampa.

–¿Cuántos años tiene?

–Acaba de cumplir quince recién...

–¿De qué? ¡De ancho! Che ¿todo al pelo?

–Sí, todo tranquilo loco.

–Tengo que ir por allá y tomar unos mates y charlar con vos un rato...

–Y... pero como andás hecho un chip...

–Che. Traétela entonces.

–Bueno

–¿La traés enseguida?

–Dentro de un ratito.

–¿Diez minutos?

–Diez o quince minutos. Esperá que atiendo acá una cuestión que tengo y ya voy.

–Listo, nos vemos. Traela nomás, no te hagas problemas

–Bueno loco, nos vemos entonces –responde el proxeneta.

El abogado de la familia Uriarte, Sebastián Nolivo, confirmó la existencia de la escucha telefónica en la causa. “Se estaría hablando de una red de trata en la que estaría involucrada la policía”, explicó. En aquel entonces las escuchas fueron reveladas por el diario Río Negro.

Fue a raíz de esta causa en la que la jueza Marisa Bosco, investigaba a diez policías que se podrían encontrar vinculados con proxenetas, que se comisiono a Gabriel Ormeño a la causa para que trabaje con la justicia en la investigación de los policías a los que se acusaba entre otros delitos por asociación ilícita y abuso de autoridad.

Al mes de ser comisionado por Bosco, la Jefatura conducida por Víctor Cufré comunicó a Ormeño el traslado a Bariloche, disposición que Ormeño pidió no cumplir hasta finalizar la comisión encomendada por la magistrada que para la Policía es obligatoria por ser auxiliar de la Justicia. Fue entonces que se le iniciaron acciones preliminares por no haberse presentado en Bariloche que pronto dio paso a un sumarísimo en el cual la institución lo dejó cesante en febrero de este año.

Mucho antes la Jefatura dejó de pagarle el sueldo, que no cobra desde dos años y ocho meses y le cortaron incluso los aportes jubilatorios y la obra social. En ese momento el jefe de la Policía de Río Negro era Víctor Cufré.

El 3 de agosto lo llamaron a “debate”, y allí decidieron por unanimidad pedir su cesantía, que fue recurrida y debe ser resuelta por el Gobierno.

Ormeño tiene 35 años, esposa y tres hijas. Por razones económicas debió dejar de ir al psiquiatra, sufre cambios de conducta constante producto de esta situación, de la que se considera “un rehén cuando no tendría que haber existido”.

En la extensa declaración, brindada por la magistrada se dan detalles de cómo actuó en su momento el ahora secretario de seguridad Cufre.

Sergio Escalante
FUENTE: Hoy Valle Medio