14 septiembre 2011 Río Negro Comentar
Saiz destacó que la iniciativa tiene como objetivo la creación de una entidad que reconozca y defienda los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con miras a intervenir en las cuestiones relativas a la defensa, promoción, protección de los derechos y garantías de los niños y adolescentes y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia y la juventud consagrados en normas provinciales, nacionales e internacionales.

El primer mandatario resaltó que “la meta es defender los derechos frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública provincial y señaló que “la creciente ente ola de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes empiezan a ser cotidianas, aunque no tengan la difusión que otros hechos de violencia e inseguridad muestran asiduamente”

Recordó que en el año 2.005 fue aprobada la Ley Nacional Nº 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que planteó una transformación integral en el modo en que el Estado debe abordar las políticas públicas de la infancia.

Un año después, en la Provincia de Río Negro fue sancionada la Ley  D Nº 4.109, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que sigue los lineamientos de la normativa nacional.

“Si bien estas normas significaron un paso adelante en la protección de los derechos ya reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño Tratado Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la primera Ley Internacional sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo cierto es que dicha normativa de cumplimiento obligatorio, impuso al Estado el deber de garantizar la efectividad de todos los derechos que contiene”, consignó Saiz.

Entre otras funciones, el defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes deberá, de oficio o por denuncia, investigar los actos, hechos u omisiones de las instituciones de derecho privado, de la administración pblica, de los organismos no gubernamentales que implique abandono, amenaza, desconocimiento o violación de los derechos del niño y adolescente y actuar en consecuencia.

Además, desde la Defensoría se tendrá la potestad de requerir información o tomar declaraciones, las que luego podrían servir como antecedentes ante un posible procedimiento judicial posterior.