Consideran que la AIC ha comisionado “ilegalmente” esa tarea a diversos organismos del Ministerio del Interior de la Nación y de las provincias de Neuquén, Buenos Aires y Río Negro.
Entre otros fundamentos, señalan que se omite cumplir con el control de los diversos orígenes de contaminación petrolera volcados y/o filtrados a los cursos hídricos subterráneos o superficiales.
También se menciona el volcado de agroquímicos, de líquidos cloacales sin el debido tratamiento y el bajo caudal de agua que emitan las represas.
En la presentación, por otra parte, reiteraron su rechazo a la minería hidrotóxica en la provincia de Río Negro, y toda intención de derogar la Ley que prohíbe aquí la utilización de cianuro en minería.
“La catástrofe humanitaria provocada por la ceniza volcánica en la Región Sur Rionegrina, ha despertado el interés de viles empresas mineras, las que escudadas en chatos políticos y la necesidad de la gente, mienten sobre la inocuidad ambiental y los beneficios económicos de la minería del agua envenenada”, precisan.
De igual manera, rechazaron la explotación de petróleo no convencional y gas de roca propiciados en las estepas de Río Negro y Neuquén, considerándolo como un “inconcebible sistema de extracción que consiste en la fractura horizontal de capas geológicas profundas con la inyeccción de enórmes volúmenes de agua mezclada con químicos que fracturan la roca, destruyendo y envenenando en consecuencia el flujo de las napas hídricas subterraneas que desembocan en las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y o Colorado”.
Finalmente subrayaron la adhesión al rechazo del convenio de “entrega para la potestad del Estado de la República China de 320.000 hectáreas de valles rionegrinos y del puerto de aguas profundas de San Antonio Oeste. Este mismo Estado ya controla y explota la mina de Sierra Grande y su correspondiente puerto metalífero de la Provincia de Río Negro”.