La orden proveniente del Juez Calcagno, quien lleva la causa desde su inicio, a raíz de la ocupación realizada y la demanda interpuesta por las empresas constructoras.

Los vecinos, que en rigor, desde el martes pasado conocieron la noticia acerca del de la orden de desalojo, comenzaron una cadena de mensajes indicando la presencia del BORA (grupo especial de la Policía de Río Negro), anticipando a la vez momentos tensos y violentos, que se podrían generar a raíz del enfrentamiento.

Por otro lado, miedo, ansiedad e incertidumbre, fueron las sensaciones expresadas por varias familias quienes no negaron que se encuentran en alerta esperando una solución que pudiera surgir a raíz de la intervención del Estado municipal.

Cabe indicar que las empresas constructoras, iniciaron el proceso judicial, indicando que los ocupantes actuales son “usurpadores”, aunque, durante el tiempo transcurrido, entre el Concejo y la municipalidad, se intentó llegar a un acuerdo para que no se produzca un desalojo compulsivo.

Los ocupantes, se consideran con derecho (preadjudicatarios de los inmuebles), tras el propio listado que desde el Municipio se había elaborado, en base a las necesidades y presentado al IPPV. No obstante, el conflicto también se suscita ya que 20 de esas viviendas habían sido destinadas a trabajadores de la educación, a través del gremio UnTER. Debido a la judicialización, las viviendas no cuentan con los servicios, dado que tampoco los ocupantes tienen la titularidad por parte del IPPV. El hecho no se presenta para nada saludable. Se viven horas de tensión y El Bolsón, podría quedar nuevamente en el foco de la tormenta, a raíz del conflicto habitacional.

FUENTE: Ruta 40