23 noviembre 2011 Río Negro Comentar

"Entre otras consideraciones importantes sobre el derecho a la salud se mencionan los enunciados de numerosos tratados y pactos internacionales de la Organización Mundial de la Salud y aquellos de raigambre constitucional", dijo Pinzo y señaló que además "se reconoce una responsabilidad respecto del derecho a la salud que relaciona a la equidad, la accesibilidad y las mejores posibilidades terapéuticas que nos ofrece la ciencia y la tecnología2.

"También que en el Sistema Sanitario el derecho a la salud y su responsabilidad no debe discriminarse entre Hospitales Públicos, Obras Sociales Sindicales-Provinciales o Prepagas", agregó.

"Ahora, dentro de este marco el Estado garantiza poder utilizar en un pie de igualdad todos los recursos disponibles para tener la mejor salud posible. En este sentido la medicina ha trabajado mucho en la evidencia científica, los protocolos y los consensos para que estos puedan llegar al máximo de la población", dijo Pinazo.

"Estos avances, han logrado prolongar la vida y en muchos casos curar enfermedades que eran incurables o mortales. Pero estos avances se enfrentan con altísimos costos lo que obliga a hacer uso adecuado y estratégico de los recursos para su financiamiento", agregó luego.

Dijo que en el caso particular de las Obras Sociales Provinciales los trabajadores "aportan en carácter obligatorio un porcentaje de su sueldo para construir un seguro que cuide su salud y la de su familia, son recursos finitos pues dependen de un aporte fijado por ley".

"Estas tienen un principio fundamentalmente solidario y colectivo. El que mayor sueldo cobra mas aporta y el que necesita atención la recibe en igualdad de condiciones. Otro gran objetivo es lograr que la persona sana continúe siendo sana", señalo.

Reflexionó que esto "seria meramente enunciativo e inviable si no contaramos con los recursos económicos suficientes que debemos saber son finitos y determinados por ley. Desde hace ya más de dos décadas y en forma exponencial se ha ido instalando una conducta en nuestra sociedad que ha desencadenado una nueva enfermedad que afecta gravemente al sistema y es la judicialización de la salud".

"Cuando se fuerza una cobertura innecesaria por la sola garantía de un derecho individual que no respeta la evidencia científica, los protocolos y no se usan las alternativas terapéuticas eficazmente comprobadas, se provoca un daño grave sobre el derecho colectivo, el principio de equidad y solidaridad del sistema y el financiamiento de la salud", dijo.

Agregó que las obras sociales provinciales que forman la COSSPRA han constituido el Observatorio Jurídico desde donde se propone una sustanciación o vista previa de caracter obligatoria al dictado de una medida cautelar, la conformación de un cuerpo de peritos de consulta permanente para los jueces y la incorporación dentro de convenios vigentes con los prestadores, de cláusulas para que establezcan el cumplimiento y respeto a las normas, protocolos y evidencia científica.

Además, señala como medidas alternativas que algunas obras sociales han puesto en marcha la capacitación del recurso jurídico sobre mediación y acciones de amparo, la unidad de Resolución de Conflictos y la estandarización de los procedimientos de auditorias de trámites, donde las denegatorias se encuentren debidamente fundamentadas, como así también el enunciado de alternativas de tratamiento cuando estos sean factibles.

"Como en toda nueva enfermedad existe una responsabilidad individual y colectiva, por parte de cada uno de los actores quienes deben velar por un Sistema Solidario de Salud. Esta búsqueda debe procurar los mejores resultados, con la máxima eficiencia, en la administración de los finitos recursos económicos que se destinan para una salud equitativa, de calidad y para todos", señaló.

Finalizó indicando que la COSSPRA apela "a la responsabilidad que le compete a cada sector del sistema, para que esta enfermedad no sea tratada desde un medicamento economicista sino desde lo que nos brinda la evidencia científica, los consensos y los protocolos y sirvan de fundamento para el desarrollo de Políticas Sanitarias con un fuerte compromiso de carácter inclusivo".