Juventud Radical repudió las primeras acciones de gobierno de Carlos Soria

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El comunicado difundido señala lo siguiente:

Resulta llamativa y hasta peligrosa la decisión de avalar la contaminación ambiental mediante la explotación minera con cianuro, como así también la discriminación total del género femenino en los cargos de decisión política de gobierno, la reducción de la masa de funcionarios pero su paralelo “salariazo”, la designación de una ex funcionaria de Soria en el municipio de Roca como miembro del Tribunal de Cuentas,  y el anuncio de una posible ley de “prescindibilidad” para echar trabajadores públicos provinciales.

Podemos ver que el vacío de la agenda electoral del FPV se materializa en este contexto denominado
falazmente “de transición”. En realidad, lo que se vive es el “accionar” a través del resentimiento, el maltrato, la persecución y el amedrentamiento de jóvenes y adultos que se encuentran prestando servicios en el Estado.

Así como estos trabajadores/as no son los culpables de decisiones desmedidas por parte de circunstanciales funcionarios del gobierno anterior, tampoco pueden cargar con la irresponsabilidad de los actuales -y también circunstanciales- funcionarios políticos del gobierno de turno.

Este breve recorrido, demuestra que el resto de la gestión estará basada en seguir “profundizando” la
brecha salarial entre empleados y funcionarios, entre los que más y los que menos cobran, redistribuyendo inequitativamente los salarios públicos; violando las garantías constitucionales y retrocediendo a viejas épocas  en donde los gobiernos cambiaban y con ellos lo hacía también la masa de empleados. Resulta irónico el hecho de que el empleado público que le liquida el sueldo de $ 45.000 mensuales al gobernador (más gastos reservados, desarraigo, etc.) perciba un salario mensual de $ 2.500.

Haber ganado las últimas elecciones con el depósito de confianza de la gente no los convierte en próceres ni les otorga un cheque en blanco eterno, ni tampoco los habilita a hacer retroceder los derechos ya conquistados y/o deshacer políticas de Estado que significan garantías de bienestar presente y futuro para todos los rionegrinos.

El gobierno de Río Negro no puede funcionar como una delegación del gobierno nacional por carencia de proyectos propios, sino que debe construir e implementar políticas públicas con decisiones
acertadas y no utilizar las áreas gubernamentales como meras reproductoras de paquetes prefabricados en la administración central. La sociedad espera mucho más que eso, espera que se generen espacios participativos de planeamiento y consenso de las políticas, si es que la intención es “cambiar”.

Exigimos, en semejante contexto, la decisión política urgente de frenar dichos amedrentamientos y dejar de accionar utilizando el temor, la amenaza y el miedo a las/os empleadas/os que se encuentran rodeados de incertidumbre laboral y demandamos la inmediata protección a las más de 4.000 familias  de toda la provincia, de las cuales ya han decidido prescindir. Viejas prácticas si las hay…

No vamos a esperar ningún gesto humano de la persona del actual gobernador pero sí esperamos que su círculo más íntimo logre sensibilizarlo y sean los principales defensores de los derechos de los trabajadores/as y de los derechos humanos indeclinables que como sociedad hemos conseguido desde 1983.

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