Se trata de dos contratados del Ministerio de Educación que accionaron contra la Provincia, ambos publicados en las listas de despacho que sube el Poder Judicial diariamente a Internet.

Se espera, con llamado a sentencia del mismo tribunal, un amparo de similar tenor interpuesto por el gremio Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en representación de todos los contratados de la Provincia a quienes no se les renovará el contrato siguiendo las políticas de transparencia en el empleo público implementadas por la nueva gestión del Gobierno Provincial.

Entre otras consideraciones, que fueron desacadas de manera oficial a través de una gacetilla de prensa, ambas sentencias establecen que los planteos carecen “de los requisitos para que prospere este remedio constitucional y excepcional”, teniendo en cuenta que, para que ello ocurra, “la violación de derechos y garantías debe ser francamente manifiesta, clara y evidente, debiendo encontrarse comprometido un derecho o garantía de raigambre constitucional cierto, de fácil exhibición”.

Asimismo, se menciona que “si bien la acción de amparo es un trámite urgente y no está sujeto a las formalidades de otros escritos judiciales, el peticionante debe demostrar los derechos y garantías que se encuentren vulnerados y no como en el caso particular que no existe ningún acto administrativo que lesione derechos adquiridos por la peticionante”.

Concluye la Cámara señalando que desde el Estado “se encuentran en proceso de determinar cuáles son los contratos que deben ser renovados en función de las necesidades”, por lo que los dos trabajadores contratados deberán estar a la espera “de su situación laboral por parte del Ministerio de Educación”.