El funcionario destacó además la creación de un nuevo Fideicomiso Financiero (FF) con el Banco de la Nación Argentina (BNA) por el cual el Estado rionegrino se hará cargo de las deudas de los productores frutícolas con la entidad, en el marco de una nueva reprogramación de los compromisos a 20 años.
Uno de los convenios destinado al otorgamiento de aportes no reintegrables beneficia al sector ganadero e implica volcar un monto de 10 millones de pesos, provenientes de la Ley 26509 de Emergencia Agropecuaria, para distribuir 4 millones de pesos al sector ovino y 6 millones al sector bovino.
Esta línea prevé que las sumas a otorgar no podrán superar los 40 mil pesos por productor, al tiempo que se contempla la posibilidad también de destinar créditos a medianos productores.
Otro de los acuerdos, del mismo origen, prevé sumar otros 7 millones de pesos para destinarlos a los productores ganaderos de los sectores bovino y ovino.
Un tercer convenio, confirmado por el gobernador Alberto Weretilneck, destina 30 millones de pesos “para los productores frutícolas afectados por la emergencia agropecuaria declarada por la resolución Nro. 311/10 del Ministerio para cubrir los gastos de la cosecha de manzanas y peras”.
Se prevé una distribución de hasta dos mil pesos por hectárea cosechada y las entregas se concretarán a través de los municipios en dos tramos, uno el 23 de enero y el segundo el 13 de febrero.
Respecto al nuevo Fideicomiso Financiero (FF) con el Banco de la Nación Argentina, el ministro Pichetto explicó que comprenderá a los productores con deudas que fueran reprogramadas pero reconocen su origen con anterioridad a la crisis económico-financiera del 2001/2002 y los que por ser su saldo contable menor a los 30 mil pesos, fueron transferidos a una cartera de Nación Fideicomiso S. A. entre los años 2003 y  el presente año.
Por la nueva reprogramación, que aliviará definitivamente la situación de endeudamiento de los pequeños productores con la banca estatal nacional, el Estado provincial adquirirá los Certificados de Participación (CP) que el Fondo  emita por un monto igual al capital de los créditos fideicomitidos.
Pichetto explicitó que “a medida que ingresen fondos en concepto de recupero de crédito se irán cancelando los Certificados de Participación”, y la provincia “abonará intereses hasta la cancelación total de esos certificados a una tasa igual a BADLAR Bancos Públicos del 8,875%, la cual será deducida de la coparticipación”.
Destacó que el plazo final de esta reprogramación de las deudas que asume el Estado provincial es a 20 años, al tiempo que el Banco de la Nación Argentina “realizará un anticipo para ayudar a una efectiva solución de los problemas de los deudores, siendo uno de ellos la dificultad de consensuar un arreglo por los honorarios profesionales y gastos judiciales”.