La primera mandataria expresó ello a sus colaboradores ni bien advirtió que las primeras voces oficiales del incidente mencionaban un “accidente domético”. Ministros nacionales se encargaron de transportar a Río Negro el deseo de CFK.
Es por ello que esta semana (quizás el miércoles) el juez natural de la causa, Emilio Stadler, convocará a declaración indagatoria para esta semana a la viuda Susana Freydoz.
Según fuentes judiciales, la situación de la mujer del gobernador justicialista cambió la semana última, cuando el estudio psiquiátrico realizado por el perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Risso determinó que la mujer no puede ser considerada "inimputable".
Imputarla por uxoricidio (el asesinato de un cónyuge) podría terminar significándole a Freydoz un homicidio calificado con reclusión o prisión perpetua. Pero se estima que una de los caminos por los que irá la defensa será que se le reconozca el acto bajo "emoción violenta".
De todas formas, esa "emoción" si bien serviría para morigerar la pena en varios años menos (podrían ser entre 3 y 6), no le quitaría conciencia de sus hechos. La mujer sabía que al accionar un arma podría matar a su marido, tenía intención de hacerlo, por lo que sigue siendo un homicidio doloso.
El cambio de juez es un paso más en el esclarecimiento de cómo murió Soria. Recordemos que poco después del deceso del gobernador, ocurrido en la madrugada del 1 de enero, el responsable del juzgado 6 de la ciudad rionegrina, Emilio Stadler, inició su período vacacional.
A cargo de la causa quedó su colega Juan Pablo Chirinos, que finalizó su rol de subrogante el jueves último, cuando lo reemplazó el magistrado Rubén Norry, que dejo su lugar para que Stadler retome mañana la instrucción del expediente.
Chirinos había recibido los dictámenes de dos peritos que realizaron sendos exámenes psiquiátricos a la esposa del gobernador.
Los expertos llegaron a conclusiones enfrentadas, porque el perito Carlos Cornaglia, convocado por la defensa, dictaminó que Freydoz actuó en estado de inimputabilidad, pero admitió que sus conclusiones no eran definitivas.
En cambio, el perito oficial Ricardo Risso sostuvo que la mujer era consciente de sus actos cuando discutió con la víctima por razones relacionadas con "celos", aunque reconoció la hipótesis de emoción violenta esgrimida por la defensa de Freydoz.
Por su parte, el abogado Alberto Riccheri, defensor de la imputada, admitió el miércoles último que su representada ya estaba en condiciones de declarar en la causa, aunque se quejó porque "recién" el día anterior se habían comenzado a practicar los exámenes toxicológicos para establecer las sustancias consumidas por Freydoz poco antes de hecho.
Luis Di Giácomo, psiquiatra de Freydoz y amigo de la víctima, había considerado "posible" que la esposa de Soria, ante una eventual agudización de crisis de pareja, buscara pocos días antes del hecho "una respuesta por el lado de la automedicación", con una mayor cantidad de "ansiolíticos" que la prescripta.
"Ella está evolucionando a un tratamiento médico psiquiátrico", resaltó por su parte Riccheri, quien consideró que ya era "factible" la declaración indagatoria.
Sin embargo, advirtió que "es necesario esperar la conclusión de exámenes toxicológicos que tienen relación directa con el desequilibrio psicológico, psiquiátrico y emocional (de su clienta)". El abogado alertó que, "hacer conclusiones sin tener en cuenta eso, sería por lo menos irresponsable".
Riccheri negó, luego, que su defendida no haya sido detenida a raíz de un trato privilegiado y argumentó que el Poder Judicial de la provincia "no fue designado ni monitoreado por el peronismo rionegrino".
Además, adujo que "hay jurisprudencia" nacional y provincial que avalan esa situación. "No hay un trato, desde mi óptica, desigual", sostuvo al opinar que su defendida permanece en "prisión o detención domiciliaria" por la vigilancia a la que continúa sometida por orden de la Justicia ante un presunto riesgo de suicidio.
El abogado rechazó que una persona en su condición, "totalmente desequilibrada, con riesgo de suicidio", pueda ser recluida en una cárcel, al estimar que el juez se estaría "comprando un gran problema".