En su sitio de Facebook, el ex ministro de Educación expresó: “Cuarenta días son suficientes Han pasado cuarenta días desde que asumió el nuevo gobierno de Río Negro y en medio sucedieron una serie de hechos que nos obligan a compartir algunas reflexiones con la ciudadanía. Luego de 28 años de gobierno radical el FpV obtuvo un legitimo triunfo, los rionegrinos decidieron cambiar y colocaron a la formula Carlos Soria – Alberto Weretilneck al frente de la provincia; la impronta política de la nueva administración se conoció rápidamente:
Salariazo para los nuevos funcionarios; Con una escala que va desde los 40.000 pesos para el gobernador en orden decreciente para el resto del Gabinete; con matrimonios de funcionarios que en ciertos casos embolsarán más de 70.000 pesos mensuales.
Ley de prescindibilidad para los empleados públicos; persecución política a los empleados radicales;
ley minera a gusto y propósito de las explotadoras.
Organismos de control en manos de los amigos/amigas; jueces coaccionados; el poder judicial bajo amenaza; 4.000 contratados en la calle; 20.000 empleados públicos en situación de zozobra sometidos al arbitrio del funcionario de turno;
Un gobernador asesinado, el intendente de Catriel desaparecido en extrañas circunstancias, un joven asesinado por la policía en Cipolletti, son un listado más que suficiente para reclamarle al nuevo gobierno un poco de coherencia o de sinceramiento. ¿No eran ellos acaso quienes venían a moralizar la vida pública rionegrina? Llevamos ya 20 días sin que haya un solo detenido por la muerte del gobernador de la provincia; que contestando la advertencia lanzada por el intendente de Roca debemos recordarle que sucedió en su propio domicilio en un escabroso caso de violencia familiar. Nadie pretende extorsionarlo o sacar ventaja de su drama, por el contrario debería ser él quien se encargue de aclarar las horas en blanco que hay desde el asesinato de Carlos Soria hasta que oficialmente confirmaron su deceso. No fueron sólo los jueces “corruptos” del régimen quienes intervinieron ese día, en la escena del crimen estaban el propio intendente de Roca y el sucesor de Soria presurosos de anunciar un accidente doméstico. ¿No era que iban a investigar a los hijos de los radicales en el poder? Sin embargo a cuarenta días de gobierno vemos como han convertido a la administración en una bolsa de trabajo familiar; Canal 10 es una muestra palmaria de lo que afirmamos: gerenciado por la nuera de Carlos Soria, con la administración de la hija de Anahí Tappata y la mujer de Juan Huentelaf en el Directorio sumados al hermano de Julian Goinhex en el área técnica conforman un verdadero “canal de la familia”, con un saldo a 40 días de gestión de 18 cesanteados y demora en el pago de sueldos y proveedores, además de la incorporación indiscriminada de colaboradores sin ningún sustento legal. Persecución a periodistas por cuestiones ideológicas y amenazas de nuevos despidos a trabajadores de planta. También en la administración central se da el caso de que ministros, subsecretarios, directores generales y directores exhiben como todo mérito el parentesco para llegar al Estado. El nepotismo en toda su dimensión puede observarse impúdicamente con la complicidad de cierta prensa otrora denunciante de estos casos. Tampoco hablan de los intendentes que como en el caso de Omar Goye en Bariloche designo 47 funcionarios y a su hija –en el colmo del nepotismo- al frente de una suerte de embajada barilochense en la ciudad de Buenos Aires. ¿Este era el plan de gobierno del Frente para la Victoria? A pocos días de las elecciones el entonces candidato a gobernador anunciaba que tenía un plan de gobierno que hasta incluía un préstamo de ¡5.000 millones de dólares! para la provincia y anunciaba que en pocos meses ponían en orden la administración y conducirían a la provincia al desarrollo. Circunstancias dramáticas han alterado el plan del Frente para la Victoria, sólo reclamamos coherencia con su discurso y moderación en el ejercicio del poder. Hay una ciudadanía expectante y más allá de las descalificaciones de la que somos objeto ejerceremos nuestro derecho a marcar las desviaciones en las que incurra el gobierno”.