Asimismo, requirió el tratamiento legislativo de varios expedientes que se vinculan con renuncias de varios funcionarios de la gestión anterior y la consecuente aceptación de quienes pasan a ocupar los cargos de Fiscal de Investigaciones Administrativas, los vocales del Tribunal de Cuentas y el superintendente general del Departamento Provincial de Aguas.

La modificación a la ley de Ministerios, según expresa la nota de elevación, permitirá que el Poder Ejecutivo “organice su gestión de gobierno y establezca de manera eficiente las acciones del equipo ministerial, en pos de impulsar e inducir el desarrollo provincial, redefiniendo y reasignando determinadas misiones y funciones” de las diferentes carteras y de las secretarías de Estado y de la Gobernación.

Propone cambiar sus competencias respecto al funcionamiento, planificación, intervención de sus áreas, dispone la fusión de la Secretaría de Información y Coordinación dentro de la Secretaría General y que la Secretaría de la Función Pública y Reconversión del Estado pase a ser una nueva área de la Gobernación.

Por otra parte, algunas competencias del Ministerio de Economía se derivarán al Ministerio de Producción, en tanto que el Régimen de la Función Pública, que pertenecía a Economía, funcionará como Secretaría de la Gobernación bajo dependencia directa del Gobernador.

El Gobierno también auspicia la regulación, mediante la modificación de la norma respectiva (Ley 88) de la labor de asesoramiento y representación judicial del Estado, en consonancia con pautas constitucionales que encomiendan a la Fiscalía el control de la legalidad de las actuaciones administrativas y la defensa de su patrimonio, y la “erige en parte necesaria y legítima en todo proceso en los que se controviertan intereses de la Provincia”.

FUENTE: Legislatura