29 febrero 2012 Río Negro Comentar
"En los últimos tiempos se ha escuchado hablar sobre inversiones en materia minera y sobre el efecto de esta actividad en varios puntos del país, y hoy Río Negro abre nuevamente este debate", señaló hoy .

En un comunicado recordó que "durante el año 2005 la Legislatura sancionó la ley Nº 3.981, mediante la cual se prohibía el uso de mercurio y cianuro para la explotación de minerales metalíferos. Aquella ley, también avalada por legisladores peronistas, era una ley que colocaba a Río Negro entre las provincias más modernas en materia legislativa y en la vanguardia por la defensa y protección de sus recursos naturales. Era una ley de la que todo rionegrino podía sentirse orgulloso".

"Semanas atrás, los legisladores del Bloque FpV, sorprendieron con la decisión de derogar esta ley, siendo una iniciativa extraña y totalmente contraria a las tendencias mundiales que luchan por la conservación del planeta, luego de los cientos de ejemplos de desastres naturales que ha producido la minería a cielo abierto por lixiviación con cianuro. El caso de la mina de Andalgalá, en Catamarca, que ocupa dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad ya cuenta con cuatro derrames tóxicos comprobados,  para solo obtener seis gramos de oro y seis de cobre por cada tonelada de roca dinamitada. En Abra Pampa, Jujuy, funcionó una mina durante 30 años, dejando al 81% de los niños con plomo en la sangre y con un slogan que duele y asusta: “Abra Pampa, pueblo contaminado, pueblo olvidado”; siendo éstos, solo algunos ejemplos de lo que no queremos que suceda en Río Negro", dijo.

"La obtención de metales a través de la lixiviación, es uno de los métodos más baratos y más dependientes del agua para subsistir, comprometiendo la cantidad y calidad del recurso que utilizan las poblaciones que viven a su alrededor. Este método produce grandes daños potenciales, que pueden ser categorizados en tres grandes grupos, siendo el primero el producido por el uso de cianuro, el segundo el de la transformación de las aguas superficiales y de acuíferos volviéndolas ácidas por mezclarse con metales pesados y el último, la radioactividad en las aguas por disolución de elementos radiactivos como el uranio", agregó.

Manifestó luego que "con todos estos potenciales perjuicios, es inconcebible que el gobierno quiera ser parte de este flagelo mediante una empresa estatal, que atente contra sus propios ciudadanos".

"¿Será que entendieron que la ley prohibía la actividad minera?. La ley 3981 jamás se opuso al desarrollo de la actividad económica, ya que entendía la importancia de los puestos de trabajo que podría generar en la Línea Sur y el valor de los minerales para una producción nacional de mejor calidad. El fin de esa iniciativa fue el de poner límites al sector privado para una correcta y sustentable explotación de los recursos naturales y, de esta manera, acercarse a un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental", señaló.

Dijo además que con esta ley derogada "quedan varios interrogantes para que el gobierno responda a la ciudadanía en general y a los grupos ambientalistas de varios municipios, antes de llevar adelante un proyecto tan dañino y perjudicial: ¿qué razones llevaron a ésta contramarcha del gobierno?, ¿será que prima lo económico por sobre lo ambiental?, ¿cuál es el real índice de desocupación y cuántos los puestos que esta actividad generaría para palearlo?, ¿cómo se resguarda el medio ambiente?, ¿cómo controlará el Estado cada etapa del proceso?, ¿cómo se protege la salud de las poblaciones?, ¿qué participación tendrá la ciudadanía en la toma de decisiones?. Preguntas que de no tener respuesta, afectarían indudablemente la salud de todos los rionegrinos".

El diputado Castañón asumió finalmente "el compromiso de trabajar aunando voluntades con legisladores de otras provincias que comparten la misma preocupación, mediante la creación de un proyecto de ley nacional que prohíba la explotación minera con cianuro en todo nuestro territorio".