26 marzo 2012 Río Negro Comentar

De prosperar, la iniciativa será efectiva en el ámbito de la administración pública, Poderes Judicial y Legislativo y toda otra entidad u organismo del Estado provincial y municipal.

En el proyecto de ley, los parlamentarios definen y caracterizan las conductas de violencia laboral, maltrato físico y social, trato discriminatorio, incluyendo acoso sexual, con el fin de "terminar con una patología que se encuentra subdiagnosticada en el ámbito de la administración pública y que genera numerosos perjuicios, sobre todo en las mujeres".

Por otra parte, se propicia crear una comisión contra la violencia laboral, que actuará como autoridad de aplicación de la ley, teniendo a su cargo la tarea de sustanciar el trámite de denuncias, de acuerdo al procedimiento que fije la reglamentación. La comisión estará constituida por un representante de cada uno de los Poderes del Estado.

Los legisladores señalaron que "la violencia laboral es un fenómeno que se viene acrecentando a pasos agigantados en el mundo del trabajo actual. La complejización de las problemáticas cotidianas, el desempleo, las necesidades económicas, han provocado que las relaciones laborales sufrieran un marcado proceso de precarización, que desemboca de manera inevitable, en muchos casos, en notorios perjuicios para la parte más vulnerable del contrato".

Expresaron que "la violencia laboral conculca el derecho al trabajo, a la salud y a la seguridad; implicando una práctica palmariamente violatoria de la dignidad humana que provoca consecuencias sumamente perjudiciales sobre la integridad psíquica y física, la confianza, la autoestima y sobre el rendimiento de las personas que lo padecen".

Afirmaron que el mobbing, una forma característica de estrés laboral "como muchas otras figuras jurídicas, ha sido receptado en nuestro sistema a partir de recientes fallos jurisprudenciales que han resuelto hacer lugar a diferentes planteos de trabajadores que se han sentido perjudicados por el actuar discriminatorio de sus empleadores, que a través de diferentes mecanismos de persecución laboral han menoscabado la integridad física y psíquica de aquellos, produciéndoles un daño cierto que, de acuerdo a los criterios judiciales mencionados, merecen ser indemnizados".

Asimismo, manifestaron que "sin embargo, y en razón que la gran mayoría de las causas aún no se encuentran firmes, y teniendo en cuenta que se trata de una tendencia al menos novedosa en nuestro sistema, aún no existe un criterio unívoco al momento de determinar la existencia o no de violencia laboral, sino que se trata, hasta el momento, de una cuestión casuística, que deberá apreciarse inexorablemente en cada caso en concreto".

"Mientras tanto, y en el mismo sentido, se hace necesario crear un marco regulatorio que contenga esta incipiente realidad, fijando pautas y parámetros concretos que permitan distinguir con claridad y precisión aquellos actos que configuran la violencia laboral, de aquellos otros que no invaden la esfera jurídica del trabajador y que solamente versan sobre las facultades discrecionales que posee el empleador por su rol mismo, y que se cristaliza en la adopción de decisiones con plena autonomía, zanjando de esta manera esa zona gris que provoca numerosos trastornos a los juzgadores de turno.", indicaron.

Para finalizar, los legisladores de la Alianza aseveraron que "creemos que es de gran importancia avanzar en su tratamiento y análisis parlamentario a fin de lograr la sanción de esta ley ya que se trata de un tema muy sensible para la sociedad moderna y que debemos afrontar".