Sin embargo, Cristina mantuvo una reunión con los gobernadores de las provincias productoras de petróleo, que le comunicaron los avances en la quita de áreas de explotación a la empresa y pidieron que sus distritos formen parte del manejo de la petrolera en el caso de ser expropiada, potestad que hasta el momento era tomada como exclusiva por el Gobierno.

Antes de la audiencia con la presidente, los gobernadores que forman parte de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) -Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego- tuvieron un encuentro con el ministro de Planificación, Julio de Vido. Allí también pidieron tener participación en el manejo de la compañía.

Aunque la expectativa estuvo en el aire durante toda la jornada, el esperado anuncio no llegó. Gran parte de la tensión estuvo generada por un borrador de proyecto de ley del oficialismo para expropiar parte de YPF. De acuerdo a esa iniciativa, a la que tuvo acceso , se buscaría declarar “de utilidad pública y sujetas a expropiación” el 50,011 por ciento de las acciones clase D de la compañía.

Hoy, el total de las acciones D -que representan el 99,99 por ciento del paquete accionario- está en manos de Repsol, con un 57,44 por ciento; Petersen Energía S.A., dirigida por Enrique Eskenazi, con 25,46 por ciento; mientras que el restante 17,09 por ciento cotizan libremente en el mercado de valores.

Según el borrador, se prevé la expropiación de 100 millones de acciones del Grupo Petersen (se quedaría sin representación en la empresa) y 96.558.000 de Repsol, que hoy posee 393 millones de títulos D, lo que le permitiría a la Argentina quedarse con un paquete de 50,011 por ciento de los títulos.

El Estado nacional actualmente es propietario de un pequeño porcentaje de acciones Clase A y las provincias de Chubut y Formosa poseen también una parte de acciones Clase B que, en total, no superan el 0,002 por ciento.

De aprobarse el proyecto, el Poder Ejecutivo actuará durante los próximos tres años como expropiante, con lo que quedará facultado para transferir la titularidad de las acciones a cualquier organismo o empresa pública estatal.

Antes de reunirse con los representantes de la Ofephi, por la mañana, el ministro De Vido tuvo una reunión con el CEO de Repsol Antonio Brufau, de la que también participó el viceministro de Economía, Axel Kicillof, uno de los funcionarios que habría tenido mayor participación en la elaboración del proyecto.

A pesar de la existencia del texto, el hermetismo en el Gobierno argentino fue total: el envío del proyecto no fue confirmado, pero tampoco ninguna voz oficial lo desestimó. Los rumores que se desprendían dentro de los sectores más "cristinistas" del Ejecutivo, sin embargo, adjudicaban las versiones del giro de la iniciativa al "lobby español".

Lo cierto es que el proyecto no había ingresado ni en Diputados ni en el Senado, aunque circulaba entre legisladores opositores que aseguraban haberlo recibido de la presidencia de la Cámara.

En este contexto, las acciones de la petrolera subieron en la Bolsa de Estados Unidos un 8,57% y en la Argentina un 7,42%.