En el encuentro solicitaron formalmente la intervención provincial en tan difícil situación.
Las autoridades provinciales y municipales manifestaron la voluntad política para la búsqueda de soluciones concretas en la precaria cobertura de salud de los jubilados bancarios.
Ambas partes se comprometieron en un lapso no mayor de diez días volver a reunirse para seguir avanzando, junto a las autoridades de la obra social provincial IPROSS, en la confección de un Padrón actualizado de los Jubilados Bancarios de Río Negro.

Cabe recordar que en octubre del año pasado un importante número de jubilados afiliados de la Obra Social Bancaria (OSBA) empadronados en la Sucursal Viedma presentaron una acción judicial, ya que dicha entidad en la zona es prácticamente inexistente, lo cual los coloca en un “alarmante estado de indefensión que requiere una urgente solución”.

En el escrito mencionaron:
•        Suspensión de todos los Convenios que existían en nuestra zona para la atención primaria de la salud de nuestras familias debido a la falta de pago por parte de la OSBA a los distintos prestadores, esto hace que debamos pagar de nuestro bolsillo –con dudosa posibilidad de reintegro- las consultas médicas, los análisis clínicos, radiografías, internaciones, atención odontológica, etc,etc.
•        Imposibilidad de derivación para casos de mayor complejidad por la ya apuntada razón que “ya nadie nos quiere atender” y el Policlínico Bancario (POBA), otrora orgullo de nuestra Obra Social hoy está prácticamente “fuera de servicio”.
•        Suspensión de tratamientos de diálisis para nuestros afiliados diabéticos.
•        Suspensión de entrega de medicación especial -y sobre todo oncológica-; las únicas remisiones que llegan –y tardíamente- es a fuerza de Recursos de Amparo por vía judicial.
•        Las prestaciones farmacéuticas, debido también a la falta de pago por parte de la OSBA, a la Asociación Bancaria, - propietaria-administradora de las Farmacias Sindicales en nuestra zona -  han quedado limitadas exclusivamente a los afiliados de dicha organización gremial.
•        A todo esto hay una circunstancia que AGRAVA AUN MAS NUESTRA SITUACION: como afiliados de la OSBA y ante la realidad que venimos describiendo, hemos intentado tramitar el traspaso a otra Obra Social que nos cobije: sea la Obra Social de los jubilados nacionales (PAMI) o la Obra Social de nuestra provincia (IPROSS), en ambos casos CON RESULTADO NEGATIVO ya que de la interpretación legal que hacen dichas entidades resultaría que por efecto de la ley de transferencia de nuestra caja previsional nos encontraríamos impedidos de hacer uso de dicha opción de traspaso RESULTANDO EN CONSECUENCIA ABSURDAMENTE CAUTIVOS DE UNA OBRA SOCIAL QUE NOS DESCUENTA NUESTROS APORTES PERO NO NOS DA NINGUN TIPO DE SERVICIO.-
Señalaron que el derecho a la salud “se encuentra vulnerado y hemos quedado a la deriva, dependiendo exclusivamente de nuestros ingresos para atender nuestras necesidades prestacionales, las cuales por razones de nuestra edad promedio son permanentes, diversas y de inmediata atención”.
Mientras tanto, remarcaron que el descuento del concepto “aporte para Obra Social” se sigue realizando mes a mes y desde siempre de sus haberes, con el agravante que cuando los suscriptos estaban en actividad  -y también por razones de edad-, prácticamente no necesitaban de los servicios de la obra social.
Recordaron que “el Poder Ejecutivo Nacional, con fecha 14 de septiembre de 2009 dispuso la intervención de la O.S.B.A.-Solidaridad- designando al Dr. Pedro Ferrara en dicho cargo y al Dr. Daniel González Martino como Sub-Interventor. Durante sólo tres meses pareció que veíamos la luz al final del túnel, pero al poco transcurrir descubrimos que estábamos frente a un nuevo espejismo”.
“El mismo Estado nacional que había dispuesto la Intervención, la dejó sin asistencia financiera, las prestaciones –algunas de las cuales habían sido restablecidas- volvieron a cancelarse y comenzó nuevamente la caída en picada hasta culminar con la renuncia de la intervención y el cese de la misma, ordenado por decreto del P.E.N. n° 2070/10 de fecha 28-12-2010”, expresaron.
“No podemos esperar más, estamos gastando nuestros ahorros para mantener con vida a nuestras familias  y aun así, algunos de nuestros compañeros se nos han muerto y otros están en agonía, ante esta absurda y gravísima falta de atención”, concluyeron.