Una reestructuración ordenada del sector público provincial no implica solamente cambios en su forma organizativa y administrativa sino también una participación razonable del estado como un actor económico más dentro de las diferentes actividades consustanciales de la economía. En este sentido no quedan dudas que el anuncio realizado por el gobernador Alberto Weretilneck sobre la creación de la Unidad Ejecutora Provincial ha sido un paso trascendental para lograr que Viedma se beneficie de un proceso de transformación que apunta a su jerarquización como capital provincial. Dicho organismo, creado por decreto, tendrá como función diagnosticar, evaluar y proponer las bases para la construcción de un Centro Ministerial en Viedma a los fines de concentrar los edificios de los organismos que componen la administración central.

Desde el bloque de legisladores del Frente para la Victoria estamos comprometidos con este proyecto de reforma del sector público provincial con el único objetivo de mejorar la gestión pública, pues una administración responsable de los recursos públicos y que procure perfeccionar la interrelación del Estado con los otros sujetos actores de la sociedad demanda un actitud abierta a la innovación y a las nuevas ideas.

Desde años anteriores se ha hecho presente nuestra contribución para mejorar la función de la ciudad como capital de la Provincia, y en tal sentido promoví dos proyectos de ley que apuntan a una participación responsable del sector público en el desempeño de la economía local.

Por un lado se puede observar que los organismos burocráticos de la administración central ocupan para su funcionamiento numerosos espacios edilicios nucleados en la ciudad de Viedma, los cuales, en un número siempre creciente, son alquilados a agentes particulares del sector inmobiliario. Esta participación importante del Estado como demandante en el mercado inmobiliario genera distorsiones en el funcionamiento del mecanismo de formación de precios dado que los oferentes encuentran en esta situación una oportunidad para elevar los valores pretendidos en concepto de alquiler. Basta repasar lo que gasta la Administración Central para advertir el enorme impacto que ello provoca en la ciudad de Viedma. Por ello, impulsé un proyecto de ley para regular el monto de los alquileres que paga el Estado Provincial estableciendo que los mismo no pueden superar un tope máximo comprendido entre el 0,8% y el 1,2% del valor fiscal del inmueble a alquilar y en función de la zona donde esté domiciliado. Estos coeficientes han sido calculados en relación a la tasa de amortización adecuada a la inversión inmobiliaria y nosotros esperamos que una vez que esta ley supere las instancias de aprobación legislativa correspondiente, ayude a descomprimir el valor de los alquileres y a ahorrar recursos a favor del estado.

Por otro lado, complementariamente a este proyecto, presenté en 2009 un proyecto de ley  por el cual se propone crear un Fondo Fiduciario de Infraestructura con el fin de iniciar un proceso para  la construcción y el mejoramiento de edificios públicos de propiedad del Estado Provincial. Lo que se busca con esta ley es la creación de un mecanismo de financiamiento para la realización de obras de infraestructura destinadas a suplir la necesidad de alquilar edificios y oficinas para las actividades del gobierno provincial. Por las razones antes mencionadas, en cuanto a las prácticas especulativas en el mercado inmobiliario y por la necesidad creciente de espacio para las oficinas públicas se ha observado una creciente tasa de incremento en los gastos referidos a estos conceptos: desde un total de $1.860.510 en el 2002, $3.462.090 para 2005, $9.756.190 para 2008 y $17.495.760 para el 2011. Este año está previsto gastar algo más de 20 millones de pesos. 

Las implicancias de esta ley son claras en cuanto contribuye a la salida del estado como demandante del mercado inmobiliario al tiempo que genera un importante ahorro para las arcas rionegrinas, con el ahorro extra, además, que supone dejar de pagar alquileres que poca relación guardan con las valuaciones fiscales y los precios de mercado. Por último, un programa de obras públicas como el que proponemos  genera una gran cantidad de encadenamientos productivos beneficiosos para los sectores directa e indirectamente relacionados con la actividad.

Estos dos proyectos -el de poner tope a lo que se paga por alquileres y la construcción de edificios públicos-  están íntimamente ligados entre sí por cuanto plantean un estrategia de acción para el sector público que se encuadra armoniosamente con el plan de construcción de la Ciudad Ministerial que decidió el gobernador Alberto Weretilneck. Estas ideas, por otra parte, están en la base de la propuesta que el Frente para la Victoria viene sosteniendo desde hace años para terminar con la patria de los alquileres y dotar a la capital de la Provincia de los edificios que demanda para cumplir con su función principal. Por ello, celebramos que el Gobernador haya tomado la feliz decisión de poner en marcha un proyecto de largo aliento que redundará en beneficio del estado provincial.

(*) Presidente del Bloque de Legisladores del Frente para la Victoria