El mandatario aseguró que la planilla Excel divulgada es un listado de trabajadores contratados y  que fue confeccionado en el mes de febrero.

No obstante, dejó en claro que el documento fue adulterado al agregársele las polémicas columnas donde figuran la afiliación política y la renovación o no de los contratos. “Ya lo demostraremos oportunamente, cuando lo consideremos necesario”, indicó.

Agregó que “se trata de un archivo que fue robado en algún momento y que se le adosaron esas dos columnas”.

Sin embargo, sobre la situación de esos y otros contratados, el gobernador precisó que “no es un tema que tomemos como pauta de trabajo. Habíamos dicho que ya era un tema cerrado”.

Las bonificaciones salariales eliminadas

Por otra parte, Weretilneck fue consultado por LA PALABRA sobre la eliminación de algunas bonificaciones en los salarios de un determinado grupo de trabajadores estatales, lo que ayer fue denunciado y cuestionado por UPCN.

“Se quitaron en un rango de personal superior, no para quienes no tienen un cierto nivel en la administración pública. La medida abarca a personas que tenían y tienen relación directa con la función ejecutiva”, sostuvo.

Dijo también que ahora “cada ministro o Secretario de Estado tiene que pedir la vuelta de esa bonificación y el gobernador decidirá si se otorga o no. Son pocas personas, no es como está diciendo UPCN”. Cabe destacar que esta mañana el gobernador visitó a Juan Carlos Scalesi, en la sede gremial.

UPCN contra Chaina

Mientras tanto, UPCN volvió a enviar una nota al titular del Consejo de la Función Fública, Sandro Chaina, para realizar algunas consideraciones "respecto al rol de los sindicatos en las cuestiones salariales y la importancia del Consejo como organismo de decisión de políticas de Recursos Humanos".

En primer lugar consideraron "inaceptable el concepto de que no es facultad de la U.P.C.N. abogar por el pago de adicionales. Por el contrario se trata de bonificaciones que se traducen en lo salarial, tema de amplia competencia de las organizaciones gremiales".

"El malestar generado por la pérdida de estas bonificaciones, que debieron ser objeto de un tratamiento más prolijo, es una cuestión que pone en alerta a nuestro gremio, que se ocupa principalmente de las cuestiones salariales", expresaron.

Por otra parte, se mostraron asombrados por el "desconocimiento que se manifiesta sobre lo establecido en la Ley 3052,  que crea el Régimen de la Función Pública, siendo la Administración Salarial uno de los sistemas que lo componen. El Consejo Provincial de la Función Pública,  es un organismo  creado por esta ley, presidido por el Sr. Gobernador de la Provincia y que tiene a su cargo el dictado y ejecución de políticas relacionadas con los Recursos Humanos (por ende también las salariales), siendo un ámbito de paritaria para estas cuestiones".

Por último, y por todo lo dicho anteriormente, manifestaron su oposición al proyecto de transformación del Consejo Provincial de la Función Pública en un organismo de control,  ya que "las funciones del mismo son de toma de decisiones y aplicación de las mismas, o sea revisten, claramente, un carácter ejecutivo y no de control, como se pretendería  imponer en este proyecto".