Ya se habilitaron los plazos legales de la convocatoria luego de la  firma por parte del gobernador Alberto Weretilneck del decreto respectivo y su publicación en el Boletín Oficial, en el marco de la nueva política de seguridad que está implementando el Gobierno rionegrino.

La figura del Auditor General de Seguridad fue creada por la ley 4200, una histórica norma que implica un cambio de paradigma en la temática de seguridad en la provincia.

El director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Gastón Bosio, explicó que “en el articulo 26 se establecía la figura del Auditor funcionalmente independiente de las fuerzas de seguridad, esto es la policía y el Servicio Penitenciario Provincial, pero estructuralmente fue dependiente de la Secretaría de Seguridad”.

Lamentó que nunca se haya reglamentado este artículo y señaló que “esto es realmente un avance y la respuesta a un reclamo de la ciudadanía rionegrina”.

Bosio manifestó que entre las competencias que tiene la Auditoria General “una de ellas es atender aquellas violaciones a los Derechos Humanos en los organismos de seguridad y otra, atender  a las faltas éticas graves  que van en perjuicio de la propia institución”.

Asimismo agregó que “entre las funciones que tendrá a su cargo se incluye la puesta en marcha de un cuerpo de inspectores y abogados asesores que ayudarán al Auditor a la investigación y a la continuación en algunos casos de la instrucciones sumariantes que se consideran que entran en el supuesto del articulo 26”.     

“El Auditor podrá arrogarse en todo momento, incluso de oficio, para investigar causas que ya se estén sumariando en las fuerzas o para  iniciar expedientes en aquellos hechos o actos que no hayan sido denunciados, siempre bajo el parámetro de defender los derechos y garantías de los ciudadanos frente al accionar de las fuerzas de seguridad”, finalizó el director de Relaciones Institucional.

Cabe señalar que el titulo de Auditor General de Seguridad fue reglamentado por el gobernador Alberto Weretilneck,  en referencia a la lucha contra la corrupción, el abuso funcional y las violaciones a los Derechos Humanos en el ejercicio de las funciones de seguridad.