4 junio 2012 Río Negro Comentar
Se trata de 70 casos que fueron registrados en marzo de 2008 por personal del EPRE, donde se detectaron 97 anomalías. A la fecha, 72 de ellas no presentan intervención alguna por parte de la empresa, persistiendo el riesgo a la seguridad pública para los usuarios.
Es por esto que EDERSA fue emplazada a subsanar definitivamente los casos que no tuvieron tratamiento en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de aplicársele nuevas sanciones.
Cabe destacar que a principios de mayo se multó a la misma compañía  por 1.737.422,58 $ por una situación similar en la misma jurisdicción, al analizar irregularidades observadas en mayo de 2007. No todas esas situaciones habían sido subsanadas, a pesar de que transcurrieron cinco años.
En este sentido, el Directorio del EPRE consideró que estas situaciones ponen de manifiesto "la falta de planificación por parte de la citada concesionaria en materia de mantenimiento o inversiones destinadas a evitar que el estado de las instalaciones de distribución representen un riesgo para la seguridad pública".
Desde el Ente explicaron que “con esta decisión se continúa con el compromiso asumido de poner al día todas aquellas cuestiones demoradas injustificadamente, en especial aquellas que tienen que ver con la afectación de los usuarios y que impiden mostrar con claridad a las distribuidoras cuál es la realidad de su gestión técnica".
De acuerdo a la normativa, los montos de las multas aplicadas a las distribuidoras son cobrados mediante un crédito en la factura de los usuarios del Servicio Eléctrico Provincial que han sido perjudicados por el accionar de las mismas.
Cabe señalar que en los casos en que no es posible individualizar en forma precisa a los usuarios afectados, como este, se considera que en realidad son todos potenciales afectados. Por este motivo, las multas aplicadas se distribuyen entre la totalidad de los usuarios, en función de un descuento en el Cuadro Tarifario de la Distribuidora que ha sido sancionada.
Asimismo, está determinado específicamente que el EPRE no perciba dinero alguno de las sanciones aplicadas en ningún caso.