Hoy a casi medio año de que los legisladores del FPV suprimieran la Ley Anticianuro del gobierno de Saiz, la ciudad neuquina de Loncopué nos enseña los mecanismos de participación semi directos de la ciudadanía. A diferencia de la inconsulta medida tomada por el incipiente Gobierno rionegrino, los representantes de la localidad neuquina debatieron la implementación (o no) de una política de Estado durante unos cuatro años para luego determinar si la ciudadanía quería (o no) desarrollar la actividad minera a gran escala en su localidad. El resultado final fue aplastante: más del 82% de la ciudadanía le dijo No a la iniciativa impulsada por la provincia. En éste sentido, la apelación ante el STJ que llevará adelante el Gobernador neuquino no hace otra cosa más que seguir demostrando los grandes intereses que mueven este tipo de emprendimientos y desconocer la voluntad popular manifiesta.

En Rio Negro la situación fue distinta. Los legisladores del FPV de espacios autodenominados progresistas (La Campora, Mov. Evita, etc.) reafirmaron el modelo del saqueo y la contaminación menemista como política de Gobierno. Siguiendo en absoluta concordancia con lo propuesto por el entonces Presidente Néstor Kirchner en el año 2004 en el lanzamiento del Plan Minero Nacional como política de Estado, los legisladores justicialistas de nuestra provincia siguieron las órdenes del "modelo nacional" actual y levantaron la mano para vapulear una Ley que fuera producto de la lucha del conjunto de la ciudadanía y la voluntad política de la Concertación para el Desarrollo.

Tal como lo demuestra la historia en otros casos, la omisión, la desinformación y la construcción de un discurso legitimante continúan siendo la constante del "modelo" rionegrino. Este jueves se reafirmará la Línea Sur como principal "zona de sacrificio" minero, pero paralelamente prohibirán la actividad en Bariloche. Una propuesta absolutamente inconsistente, tan inconsistente como la autorización del DPA para que la Pan American derroche 40.000 litros de agua diarios para "exploración" en Jacobacci cuando el Deliberante de esa localidad declarara la Emergencia Hídrica en Diciembre pasado.

Por otra parte, a fines de Marzo tuvimos la posibilidad de escuchar en una conferencia al reconocido politólogo Atilio Borón quien afirmó que "extrayendo oro trabajamos para el casino financiero internacional". Que el oro (a diferencia del hierro, el cobre o la plata) no nos sirve para nada. Solo para acrecentar el negocio de grandes intereses que manejan en ultima instancia la especulación financiera. En este sentido, sobran ejemplos para demostrar tal cuestión: en Abril pasado el Banco Central compró 7.000 kilos de oro a u$s 1.629 la onza a pesar de que nuestro país la vende a u$s 200 (¿A quién le sirve este negocio?).

En síntesis, sobran experiencias -locales y mundiales- para señalar la inviabilidad de éste modelo. Para demostrar por ejemplo que el trabajo generado es mayoritariamente calificado e importado, que la gente que habita en los lugares cercanos a la explotación sufre los principales daños colaterales (intoxicación, envenenamiento, malformaciones, etc), que la participación provincial es casi nula y que la contaminación heredada es vergonzosa.

Las consecuencias climáticas del Puyehue no deben ser la excusa para tapar la inoperancia de ciertos planificadores provinciales. Los "28 años de gobierno radical" demostraron que es posible plantear -al menos parcialmente- un esquema de producción sustentable. Hoy el gobierno provincial cuenta con un Ejecutivo nacional del mismo signo político, que le permitiría garantizar las herramientas y la inversión para fortalecer el sistema productivo histórico de la Línea Sur. El FPV tiene que estar a la altura de las circunstancias y darse cuenta que el crecimiento y el desarrollo tienen que ser sustentables y no pueden ir a contramano del bienestar social. Tomo las palabras de un reconocido periodista "es hora que los funcionarios de turno dejen de pensar en la plata y se fijen en el futuro de sus hijos". El agua y ambiente es de todos. La función del Gobierno es ni más ni menos, que la de Garantizar nuestros Derechos Constitucionales.

Federico Díaz

31.162.859

Concejal ACPD

Viedma