La iniciativa fue presentada a mediados del mes pasado por el diputado radical Carlos Alberto García, luego de haber sido discutida previamente con representantes del sector rural, y tomó estado parlamentario precisamente en la sesión donde se aprobó la reforma impositiva enviada por el Gobierno provincial.

Según se desprende de su articulado el objeto es darle previsibilidad al sector, asegurar la generación de la actividad por la incidencia que tiene en las poblaciones del interior y obtener créditos blandos con tasas de interés subsidiadas y períodos de gracia, entre otros. Está previsto asimismo que la cobertura Multiriesgo con tasa subsidiada, sea de aplicación gradual y progresiva comprendiendo en una primera etapa a la producción de trigo, maíz, soja, cebada y ganadería vacuna, aunque el Ejecutivo queda facultado a realizar las modificaciones que entienda pertinente en base a los usos presupuestarios.

“El abaratamiento del seguro lo pone alcance de todos los productores y así poder superar el principal obstáculo que tienen en la actualidad en que lo oneroso de las primas los tornan privativos”, subrayó el diputado.

El fondo será creado con el 2,5 por ciento de lo que se recaude por el Impuesto Inmobiliario Rural, el 10% de la recaudación anual de los aportes tributarios que realiza el sector agropecuario, el monto correspondiente al 90 por ciento del seguro multirriesgo, asignaciones especiales y rentas generadas por la colocación financiera de los recursos existentes. La administración estará a cargo del Banco Provincia y el destino será resuelto por éste conjuntamente con los ministerios de Asuntos Agrarios y Economía.

García argumentó que la actual ley de Emergencia y/o Desastre agropecuario provincial “en muchas ocasiones colisiona en tiempo y forma con las urgencias de ofrecer urgentes respuestas a la actividad económica del sector” y ejemplificó con la última sequía que “no ha merecido definiciones en el orden nacional pese a haberse comprobado descapitalización y hasta retiro de la actividad en el caso de pequeños productores”.

Así también remarcó la “enorme importancia de establecer este tipo de paliativos para las economías del interior porque las consecuencias de los fenómenos climáticos extraordinarios afectan no solo al sector productivo sino a la región, además de a la Provincia y la Nación”.

La futura norma prevé para los pequeños y medianos productores un tratamiento diferencial en el acceso a créditos oficiales en situación de emergencia agropecuaria. Las tasas de interés serán subsidiadas y no podrán superar el 50% de interés de las operaciones de descuento del Banco Provincia. Mientras que en el caso de los grandes productores no podrán superar el 85 por ciento.

Por otra parte se crearán dos comisiones: una asesora (del campo) y otra auditora (bicameral). La primera estará compuesta por representantes de organizaciones agropecuarias bonaerenses y sus informes no serán vinculantes sino para conocer los resultados de la utilización del Fondo Anticíclico. La comisión auditora controlará el uso de los recursos del fondo y será integrada por cuatro diputados, dos senadores y un representante del Poder Ejecutivo.

FUENTE: Aninoticias