“El conflicto de la fruticultura en el Alto Valle tiene como trasfondo dejar al descubierto una pésima asignación de prioridades por parte del gobierno nacional y provincial, más preocupados por defender las megaexplotaciones mineras”, indicó el legislador Adrián Casadei.

“Es imprescindible tener en cuenta que la megaminería goza de obscenas eximisiones al pago de tributos, entre los que se cuentan el no pago del impuesto al gasoil, la tasa de sellos y el impuesto al cheque. Uno de cada diez pesos en subsidios que pagamos todos, van a las mineras. Mientras tanto, la fruticultura debe tributar incluso retenciones a las exportaciones del 10 por ciento, contra sólo el 5 por ciento del oro doré”, agregó el parlamentario sanantoniense.

“Los gobiernos nacional y provincial tienen alteradas las prioridades. Nosotros estamos convencidos, y mucho más en este contexto, que el objetivo central de una administración debe ser la creación de puestos de trabajo, no solo de recursos que no se redistribuyen”, añadió el legislador Darío Berardi.

“Solo en Río Negro, según cifras del INDEC, la fruticultura genera 60 mil puestos de trabajo por año. La megaminería, en cambio, 7100 empleos en todo el territorio nacional”, sostuvo Berardi con énfasis.

“Hemos visto como más 1.100 camiones y tractores colmaron las rutas de la región reclamando soluciones de fondo para una economía regional que representa en sus miles de pequeños y medianos productores, los brazos y las piernas que dan cuerpo a la historia de Río Negro. El gobierno provincial, rápido de reflejos, se ofreció a encabezar el reclamo pero pide que no se nacionalice y el reclamo entonces se vuelve una queja, una letanía. Este destrato se contradice con el aliento que el oficialismo le prodiga a la megaminería”, argumentó el ex intendente de San Antonio.

Explicó Berardi que "sin más respuesta que, en el mejor de los casos, apelar a la piedad del gobierno nacional, desde Río Negro se prefiere promover la actividad minera", y en ese sentido Casadei no dudó en calificar de "paradoja o humillación" para los miles de movilizados en el "Tractorazo del pasado martes".

"Cuando los productores reclamaron sobre los costos que los ahogan, el gobierno les ofreció unos RePro (subsidios). En ese punto, debería ser público que la actividad minera recibe el alrededor de un 9 % del total de los subsidios que se distribuyen en el país", reclamó Casadei.

“Quienes impulsan esta política debieran exponer con sinceridad que en los balances de las empresas mineras radicadas en la Argentina se lee que por cada millón de dólares invertidos apenas se crean entre 0,5 y 2 empleos, contra la explosión de puestos de trabajos que genera la actividad por la que días pasados reclamaron miles de chacareros rionegrinos”, finalizó Berardi.