En la oportunidad, la ministra Garré dijo estar “muy complacida y muy contenta de estar en Río Negro en la asunción de Miguel Bermejo que fue, hasta la semana pasada, un muy eficiente funcionario del ministerio”.

Además, destacó la importancia de la presencia de “representantes de otras provincias tratando de tener un diálogo útil y fructífero que nos permita mejorar la situación de la seguridad en toda esta región lejana y querida de la Patagonia”.

En la oportunidad dijo que “me congratulo de que Río Negro esté comenzando el camino de transformar sus políticas de seguridad, fortalecer los espacios institucionales, modificarlos en lo que sea necesario y articular las políticas en toda la provincia, para poder prevenir a tiempo conflictividades y situaciones previas al delito, por lo menos dar las alertas a tiempo para evitar la comisión del delito, cuando las fuerzas policiales ya solo pueden controlarlo”.

En tal sentido, felicitó “por estos cambios” al Gobierno de la provincia, al tiempo que destacó que “estoy segura que los nuevos funcionarios son un aporte importante en este sentido y sé que el Gobernador tiene un firme compromiso con este cambio de paradigma que a nivel nacional nos ha pedido la Presidenta de la República. Quiero felicitarlos por asumir el desafío del cambio, de la transformación, en beneficio de todos los ciudadanos de la provincia”.

Señaló en la oportunidad Garré que “cuando se creó el Ministerio de Seguridad, en diciembre de 2010, la Presidenta quiso dejar en claro que este era un tema muy importante en la agenda pública y de este Gobierno, y por eso le dio el más alto rango institucional que nuestro esquema puede tener una política pública, que es el de Ministerio”.        

         “Sus instrucciones fueron impulsar una seguridad democrática y con esto queremos decir que las políticas públicas en materia de seguridad tienen que estar en el marco de la Constitución Nacional, tienen que respetar absolutamente el Estado de Derecho y las fuerzas policiales y de seguridad, ser conducidas desde la política, es decir desde aquellos funcionarios, como en este caso la Presidenta de la República, que han pasado el escrutinio popular”, añadió la titular de la cartera nacional.

         En tal sentido, remarcó que “la Presidenta hizo mucho hincapié en el no a la autonomía de las fuerzas policiales, el ejercicio del gobierno político de las fuerzas policiales y de seguridad”.

Agregó en este sentido que “durante muchos años las autoridades políticas y hay que decirlo con tono crítico, delegaron de forma tácita la formulación de las políticas de seguridad a las policías y la formulación de las políticas de defensa a las Fuerzas Armadas.  Quizá un poco en la idea de que los que sabían de seguridad eran los policías y los que sabían de defensa eran los militares. Todos sabemos que esto nos llevó a consecuencias muy negativas no sólo para la sociedad, sino incluso hacia adentro de las fuerzas Armadas, policiales y de seguridad. Claramente esta es una responsabilidad política y debe ser asumida por el poder político”.

Además, destacó que “en el caso de la seguridad hay un cambio de paradigma que tenemos que concretar, que cristalizar. Antes en el marco de Estados autoritarios, definidos en la mayoría de los casos por existencia de gobiernos militares, producto del derrocamiento de gobiernos constitucionales, se priorizaban como valor absoluto de la seguridad el mantenimiento del orden público, para el cual la supremacía de la fuerza era absolutamente legítima y el Estado tenía que demostrar su entidad a través del ejercicio más amplio y posible de esa facultad”.

En este contexto “el delito debía combatirse a través del Código Penal y en la mayoría de los casos del aumento de penas, si se venían recrudecimientos de situaciones delictivas o aumentos de la tasa delictiva”, destacó la ministra Garré.

“Hoy en día sabemos que la inseguridad es un tema mucho más complejo, que no se resuelve con policías y con penas más duras. Que la inseguridad es multicausal y reconoce un origen diverso, complejo, que necesita de la articulación de distintas agencias del Estado. Porque cuando hablamos de inseguridad no solamente hablamos del delito organizado, complejo, del narcotráfico, de la trata de personas, el contrabando de armas o el lavado de dinero, cuando hablamos de inseguridad hablamos de delitos de menor entidad, de conflictividad social que es normal en cualquier sociedad, que no debe asustar”, añadió.

Al respecto señaló que “el desafío en esas situaciones es gestionar adecuadamente esa conflictividad sin asustarnos, hacerlo dentro de la democracia, dentro del Estado de Derecho con el más pleno respeto  a los derechos humanos”.

“Nos preocupan las situaciones en que para reponer el orden o para terminar con la conflictividad se cometen abusos, excesos, en muchos casos se llega a consecuencias absolutamente gravísimas, por eso en este desafío de una política de seguridad nueva sabemos que gestionar adecuadamente esas conflictividades forma parte de las obligaciones a cargo de la autoridad pública”, agregó.

En tal sentido, señaló la titular de la cartera de Seguridad que “sin una acción interagencial, de las diversas agencias del Estado, tampoco vamos a resolver los problemas de conflictividad. Hay sectores que han sido llevados a situaciones de enorme vulnerabilidad que tienden a caer en el delito. Basta con ver la situación de los detenidos en los sistemas penitenciarios para ver que esto es así. Y ahí vemos que  hubo ausencia del Estado durante muchos años y que eso puso a numerosos ciudadanos en situaciones de caer en el delito”.

Indicó en esta línea que “tenemos también que hacer participar a las agencias responsables de la educación, de las políticas sociales, a los responsables de la  generación de trabajo. Sabemos que tienen que intervenir también otros estamentos, y no solo las policías, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario deben articularse adecuadamente para que logremos eficacia en las políticas de seguridad”.

Remarcó en este aspecto la importancia de avanzar con una impronta federal. “Creemos que estas políticas no pueden definirse solo en Buenos Aires, no es eficaz. Tenemos que articularnos con el conjunto de las provincias fortaleciendo relaciones bilaterales y también en el ámbito del Consejo Federal”.

En este sentido, recordó que durante el año 2011 “firmamos varios protocolos con las provincias sobre el uso de la fuerza por parte de las policías en manifestaciones públicas y sobre las medidas de preservación de la escena del crimen, pero creo que faltan más y que tenemos que llegar a consensos, como también fortalecer las relaciones bilaterales que muchas veces corresponden a características del delito en cada una de las provincias o regiones”.

“Garantizar la participación de los ciudadanos”

Durante su alocución, la Ministra señaló que “como bien dijo el Gobernador, tenemos que garantizar la participación de los ciudadanos de la comunidad en la construcción de las políticas de seguridad. Sólo el Estado a través de sus múltiples agencias no puede, es por supuesto el responsable principal, el que tiene esta obligación indelegable de garantizar el derecho a la seguridad de los ciudadanos”.

         “La construcción requiere de la participación de cada uno de los ciudadanos en mesas, foros, ámbitos, viendo las problemáticas, discutiendo el mapa del delito, aportando información que a veces solo ven los vecinos en el lugar de trabajo o donde viven, y además ejerciendo un control sobre las actividades de las fuerzas de seguridad o policiales que están desarrollando actividades relacionadas a la seguridad”, comentó.

Indicó asimismo que “también tenemos que apostar a los métodos tecnológicos” y en este sentido recordó que “el Ministerio de Seguridad está tratando de adquirir software que nos permitirá hacer un control de calidad de la gestión de  las fuerzas policiales y de seguridad. Es decir, se fijan Standard y se va documentando qué nivel de cumplimiento tienen los objetivos que se han fijado”, explicó Garré.

Consideró además necesario “cambiar la formación, someter a las fuerzas a una capacitación permanente, garantizarle las mejores condiciones de trabajo y exigirles el más absoluto respeto a los derechos humanos. Y por supuesto la aceptación del control político de sus actividades, porque la decisión firme que tenemos que tener es evitar autonomías que han sido muy negativas para las fuerzas y para la ciudadanía”.

Como queda la secretaría de Seguridad

Miguel Bermejo asumió como secretario de Seguridad y Justicia de Río Negro, quien se desempeñó hasta el momento como colaborador directo de la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré.

Así, la Secretaría de Seguridad dependiente del Ministerio de Gobierno, modificará autoridades y organigrama.

De esta manera, Fernando Azcoaga será titular de la subsecretaría de Seguridad, y Diego Puente, de la subsecretaría de Control Territorial.

En cuanto a la estructura de la subsecretaría de Seguridad y Justicia, dependerán la subdirección de Seguridad Vial, a cargo de Mónica Ramos; la dirección del Servicio Penitenciario Provincial, a cargo de Walter Puebla Morón; el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, a cargo de Irene Korach; y la dirección de Análisis Delictivo.

Por su parte, la subsecretaría de Participación Comunitaria será encabezada por Marta Arriola, de la que dependerán las direcciones de Participación Comunitaria, a cargo de Marcelo Vernet, y de Defensa Civil, a cargo de Martín Díaz.

El esquema de la secretaría de Seguridad Provincial se completa con la figura de Director de Asuntos Legales, a cargo de Danilo Vega.