El beneficio incluye a los agentes del regimen retributivo transitorio (Ley L Nº 3959) y los escalafones sanitario (Ley L Nº 1904) y penitenciario (Ley S Nº 4283), que será del cuarenta por ciento del total de la asignación básica y tendrá carácter remunerativo y no bonificable.

El legislador consideró "una clara restitución de un derecho" la decisión tomada por la administración del gobernador Alberto Weretilneck y puntualizó que "esta medida se inscribe en el compromiso que asumió el Frente para la Victoria de resarcir a los trabajadores estatales de todo aquello que fueron perdiendo a lo largo de los últimos años".

"Nuestra meta -enfatizó- es devolverle a cada trabajador la posibilidad de una carrera, basada en el mérito, en el trabajo y la idoneidad, erradicando prácticas que devaluaron el empleo público y pulverizaron la función pública como un saber específico y una profesión", dijo.

"La ley prevé -explicó el titular de la bancada oficialista- que el Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado sean quienes determinen las pautas y los cronogramas para la percepción progresiva del adicional por zona desfavorable, teniendo en cuenta la disponibilidad financiera del Tesoro Provincial al momento de su implementación".

"El plazo máximo -agregó Pesatti- no podrá exceder de los veinticuatro meses de su entrada en vigencia, fecha en la cual la totalidad de los trabajadores comprendidos en la norma deberán alcanzar el porcentaje total del cuarenta por ciento que corresponde a este adicional por zona".

En los fundamentos de la iniciativa, se señala que la iniciativa “tiene por objeto hacer realidad la recuperación de una relevante conquista lograda por los trabajadores públicos rionegrinos, cual es el concepto de “Zona Desfavorable”. Erigiéndose éste como un nuevo adicional que se nutre de los vastos antecedentes que comparten una análoga naturaleza jurídica”.

En el articulado, se dispone que “el Consejo Provincial |de la Función Pública y Reconversión del Estado determinará pautas y cronograma para la percepción progresiva del adicional, teniendo en cuenta la disponibilidad financiera del Tesoro Provincial al momento de su implementación, la que no podrá exceder de los veinticuatro (24) meses de su entrada en vigencia, fecha en la cual la totalidad de los trabajadores comprendidos en la norma deberán alcanzar el porcentaje total de zona desfavorable”.

“Este incremento, el cual se fijará de conformidad a las posibilidades económicas reales del Estado Provincial, redunda en un gran esfuerzo para las arcas rionegrinas. De esta manera se materializa uno de los primeros objetivos de esta gestión de gobierno, la que a tan solo siete meses de iniciada la misma, no solo cumple las obligaciones escenciales del Estado sino que se encamina a la reconstrucción del andamiaje jurídico/salarial que durante los últimos años le ha sido vulnerado al empleado público”, agrega.

Se indica que “la normativa que se pretende adoptar surge como una iniciativa propia del Poder Ejecutivo, en el entendimiento de que resulta oportuno adoptar medidas que tiendan a mejorar la situación salarial de los rionegrinos que forman parte del sector público provincial”.

Luego de reseñar lo ocurrido con este adicional desde su primera aplicación en Río Negro hasta su eliminación en la década del 90 del siglo pasado, se señala que “no existen soluciones mágicas a los problemas reales. Lo que existe es el fuerte compromiso en el cumplimiento de las premisas sobre las cuales se sustenta el proyecto político de éste gobierno”.

“Este gobierno ha tomado la decisión de avanzar en una política salarial del empleado público tendiente a reconstruir la misma bajo pautas que tiendan a mejorar su labor en consonancia con las posibilidades económicas de la provincia”, sostienen los fundamentos.