El proyecto de las legisladores frentistas se enmarca en la ley nacional 26364 de prevención y sanción de la trata de personas.
A partir de la entrada en vigencia, la nueva ley será de aplicación obligatoria en todo el ámbito de la Provincia por constituir una normativa de orden público.
En sus fundamentos, las autoras buscan contribuir de manera decidida a la lucha que viene librando el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la trata de personas, y para lo cual se considera necesario prohibir el funcionamiento de locales comerciales que se habilitan con propósitos absolutamente ajenos para los que efectivamente luego terminan funcionando.
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Prohibirán habilitación y funcionamiento de locales que esconden el ejercicio ilegal de la prostitución
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