Los sorpresivos volantes, dirigidos en parte a la comunidad y mostrando al policía en un plano de igualdad con los vecinos víctimas de la inseguridad, aparecen un día después de una importante reunión que mantuvo el Jefe de la fuerza, Ariel Gallinger, con los comisarios de la Unidad Regional Primera y una semana después de los cambios que éste efectuó en la Plana Mayor.
Cabe recordar que fueron pasados a disponibilidad el comisario general Carlos Martínez (Personal), el mayor Ives Vallejos (Seguridad) y los inspectores Bernardo Correa (Logística y Finanzas, y Toxicomanías) y Manuel Cabrera (Capacitación y Judicial).
El único integrante de la Plana Mayor que mantuvo su puesto fue el subjefe de la fuerza, Roberto Stupniki, decisión que también sumó para que se siguiera generando un clima tenso en el seno de la fuerza policial.
El malestar y la disconformidad en la institución policial, comenzaron a manifestarse el mismo día que el Gobernador Alberto Weretilneck anunció que un civil estaría al frente de la fuerza de seguridad y se hicieron más fuertes luego del nombramiento de los nuevos jefes.
El inspector Cabrera , horas después de ser separado del cargo, sostuvo que “hasta acá no hay cambio de modelo, solo de algunos funcionarios policiales; el Gobierno provincial prometió revisar ‘caso por caso‘ de los funcionarios y empleados, evidentemente nunca no fue así. Desplaza personal policial sin haber realizado un diagnóstico y evaluado una reubicación si corresponde”.
“La comunidad se siente desprotegida y enfadada principalmente con la Policía pues la obligan a ubicarse en primera fila de una obra de teatro en la cual observan el triunfo de la delincuencia. Por su parte, el funcionario de policía se siente también defraudado por el Estado al observar y protagonizar a diario, cuánto se dedica en recursos y esfuerzos a tareas distintas a la policial, en desmedro de aquélla que le corresponde hacer por mandato de la gente y por su propia elección en oportunidad de elegir ingresar a la Fuerza Policial”, opinó.
Hizo hincapié en “la mala formación de nuestros funcionarios policiales. Se denota un marcado desconocimiento de la labor profesional que deben cumplir, lo cual se traduce desde la demora hasta la impericia en el cumplimiento de su deber en determinadas situaciones del quehacer policial. Y esto ha merecido el reproche comunitario, el alto cuestionamiento a través de los medios periodísticos, llegando inclusive a responsabilidades de índole penal ante la Justicia”.
Por otra parte “son notables los comentarios de los agentes policiales, quienes no encuentran en la mayoría de sus superiores, al funcionario referente y líder que los conduzca con profesionalismo, honestidad y respeto. Desde sus cómodos despachos estatales, están más preocupadas en la opinión publicada de la prensa o de los sectores de oposición política que de la opinión pública de la gente o del esfuerzo y la vida de los agentes policiales”.
También subrayó que “el poder político se manifiesta en general con notable influencia perjudicial, avanzando sobre la institución policial con designios ideológicos, partidistas y coyunturales como en términos electoralistas que nada tiene que ver con su misión, o teniéndola la obligan a cumplirla obedeciendo estrictamente sus órdenes sin posibilidad de revisión e inspección pero en cambio sí, a hacerse cargo de las responsabilidades emergentes de los futuros fracasos o responsabilidades administrativas y/o penales”.
No olvidó a los medios masivos de comunicación social al decir que su influencia “es fundamental para cualquier Sistema de Seguridad dentro del cual la Policía desarrolla su esquema operativo. Si la actuación de los medios de comunicación se ubica como reaseguro del buen desempeño integral de este sistema, evitando con ello situaciones indeseables e ilícitas que pueden ir desde modificar los programas en todo o en parte, hasta acompañar y alentar las medidas cuando demuestran ser positivas, llegando inclusive a denunciar actos de corrupción; su influencia será positiva y estará contribuyendo no solamente a la eficacia y eficiencia del mismo, sino al saneamiento de las instituciones”.

Los panfletos

Concretamente los panfletos aparecidos ayer en inmediaciones de algunas comisarías de Viedma se refieren a la necesidad de contar con un “sueldo digno para una policía digna”.
Otro escrito más amplio señala que “el policía también tiene derechos humanos” y que “los delincuentes vuelven a caminar por las calles de nuestras ciudades, marginando al buen ciudadano a vivir enrejado”.
El panfleto menciona la falta de una legislación procesal penal adecuada, de trabajo social integrador en todos los niveles y de una política de seguridad seria.
“No permitamos que desarticulen la institución policial por el bien del pueblo rionegrino. ¿Dónde está nuestra dignidad? Tenemos que luchar para jerarquizar a los miembros de nuestra institución. Personal policial: defendamos nuestro bienestar y futuro”, expresa el documento anónimo.

Reunión de Gallinger con comisarios

Todo esto sucede luego que el Jefe de la Policía, Ariel Gallinger, y el Subjefe de la fuerza, Comisario General Roberto Stupniki, se reunieron ayer con los Comisarios y Subcomisarios que están a cargo de las dependencias policiales que dependen de la Unidad Regional Primera de Policía en Viedma.
El objetivo del encuentro fue conocer la situación de las dependencias policiales de esta Unidad Regional, y avanzar en diferentes aspectos tendientes a la optimización del funcionamiento.
En este marco, el Jefe de la Policía, adelantó la disposición presupuestaria para comenzar con la reparación de unos 200 patrulleros en toda la provincia. Como así también se informó de la compra, en una primera etapa, de más de una decena de nuevas unidades móviles.
En la oportunidad, se hizo referencia además a la puesta en funcionamiento de la Comisaría de la Familia, haciendo hincapié en cómo estará compuesta esta dependencia, como así también en el Protocolo de Actuación del Personal Policial con los menores en riesgo.
Finalmente, desde la Jefatura de Policía se recordó además la total vigencia del Protocolo de Actuación en Manifestaciones, tal como se dispuso desde la esfera Nacional.