Además, propiciaron que los comercios de indumentarias deben tener en existencia, para comercializar y ofrecer al público, prendas y modelos en todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas, de acuerdo a las normas IRAM 75300.

La iniciativa también promueve incorporar a la Ley D Nº 2.817, de defensa del consumidor, un artículo para que sean considerados infractores a la futura norma los comercios que vendan ropa y que no cuenten con todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas de las prendas y modelos que comercialicen y ofrezcan al público.

Las legisladoras consideran que desde los medios masivos de comunicación, en forma permanente, se imponen prototipos que fomentan, entre otros aspectos, la delgadez extrema, que es ajena a la contextura física de la mayoría de las personas a las que van dirigidos.

Los medios también alientan el consumo de productos que, especialmente en el campo de la moda e indumentaria, no encajan en la fisonomía de todos los consumidores. De esta manera, se induce a que muchas personas, particularmente los adolescentes, caigan en trastornos alimentarios severos como la bulimia y la anorexia, mencionaron las legisladoras, cuyas profesiones están relacionadas a la salud.

Destacaron que el bloque de la Alianza fue pionero en iniciativas orientadas a regular o corregir la problemática planteada, ya que en el año 2005 la entonces legisladora Delia Dieterle presentó un proyecto de ley (expediente Nº 0584/05) que finalmente no fue aprobado en Cámara.

Actualmente, el INADI a través de su Delegación rionegrina ha instalado mediáticamente esta problemática, pidiendo “avanzar hacia una ley provincial de talles, que garantice la fabricación, provisión y venta de indumentaria para todos los talles correspondientes a las medidas corporales establecidas en las normas IRAM en el territorio provincial”, ya que algunas jurisdicciones provinciales como la provincia de Buenos Aires (Ley 12665) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 3330) entre otras, sancionaron instrumentos legislativos en este sentido.

“Vemos que esta cuestión de la ley de talles fue tratada por el interventor del INADI, Pedro Mouratian, acompañado de la coordinadora general de programas, capacitación e investigación del organismo, Julia Contreras, quienes recibieron en la sede central del Instituto, a mediados de abril de este año, a Laura Codda, representante de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, y a la presidenta de la ONG AnyBody Argentina, Sharon Haywood, para tratar aspectos sobre la implementación de la Ley de Talles a nivel nacional.

De dicha reunión –según consigna la pagina oficial de INADI- participaron además Lucila Galkin, coordinadora del área de Educación, y Eugenia Klein, responsable del Programa de Entidades no Gubernamentales por la Diversidad del referido organismo.

“Desde el INADI consideran de vital importancia que todas las empresas cumplan la Ley de Talles, porque con ello se apunta a una sociedad y un mercado que tenga en cuenta la diversidad, la pluralidad. Indicaron que se trabaja desde este organismo para sensibilizar al empresariado en pos de una sociedad más igualitaria e inclusiva, que la ropa pueda ser usada por todas y todos y que la Ley de Talles es un tema central en la política antidiscriminatoria del INADI, problemática que conlleva a prácticas discriminatorias al incidir mayormente en personas con sobrepeso, que no encuentran talles acorde con su tamaño entre las prendas de moda y deben comprar en casas de ropa de talles especiales”, fundamentaron las legisladoras Agostino, Milesi y Uría.

Agregaron: “Compartiendo esta iniciativa del INADI, nos sumamos al desafío y, aún sabiendo de la presentación de proyectos similares, proponemos reeditar aquella iniciativa, creyendo necesario además modificar la Ley de Defensa del Consumidor de la provincia de Río Negro para dotar a la autoridad de aplicación que se determine, de las herramientas jurídicas que permitan la aplicación real y efectiva de la normativa propuesta. Nuestra intención es evitar distorsiones como las que se están dando con la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual, por vía reglamentaria, se burla el espíritu original de la norma”, concluyeron.