En uno de los pedidos de informes, dirigido al ministro de Economía, Alejandro Palmieri, señaló que “en razón de no existir información en la página web oficial del Gobierno de la Provincia de Río Negro, lo que se traduce en incumplimiento de la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal Nº 25.917 y modificatorias y la Ley Provincial Nº 3.886 por la cual adherimos a la citada Ley nacional, mediante la cual se establecen indicadores fiscales que el Gobierno Provincial debe observar y publicar, configurando, además una falta grave, por parte del Poder Ejecutivo Provincial, la no observancia de las disposiciones legales vigentes en materia de acceso a la información pública y transparencia de los actos de la gestión gubernamental”.

González recordó que través de los medios de comunicación el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro Palmieri han manifestado que se registra “una notoria mejoría en el ingreso de recursos y una eficiente y eficaz aplicación de los mismos a la ejecución de los gastos del Estado Provincial y al pago de la deuda pública, sin publicar mayores detalles de dichas operaciones de las cuentas públicas, que permitan llevar a cabo un análisis y validación de la información suministrada verbalmente por los mencionados funcionarios”.

Agregó que "en atención a que el gobernador ha manifestado que los pilares de su gestión son “trabajar para generar empleo, producir actividad económica y ayudar a los más necesitados”, es que "consideramos absolutamente necesario contar con información pormenorizada de la administración gubernamental, a los efectos de informar a nuestros representados respecto de cuál es el objeto del gasto público, cuáles son las prioridades reflejadas en el Presupuesto Provincial para ejecutar las acciones de los pilares de gestión mencionados y por ende, cuál es el rumbo de la economía provincial, todo ello para que los rionegrinos en general, trabajadores, empresarios, inversores y profesionales cuenten con la información necesaria y suficiente para la toma de decisiones en materia de empleo, actividad económica y que los más necesitados sepan con qué y de qué manera los va a contener el Estado Provincial”.

Refirió también que, mediante publicidad oficial, el gobernador informó a la población que, a la fecha, se ha pagado la suma de 190 millones de pesos en obras públicas, fundamentalmente en la construcción de viviendas.

“No obstante, en los medios de información escritos de mayor circulación en la Capital rionegrina, desde el comienzo de la gestión a la fecha, no se observan publicaciones de llamados a licitación pública para la ejecución de obras públicas, pero existen antecedentes de ejecución de obras por contratación directa y pagos efectuados mediante el mecanismo excepcional de legítimo abono”, dijo.

Por eso, el bloque de la Alianza solicitó conocer oficialmente el esquema ahorro-inversión-financiamiento, desde enero a julio 2012, mes por mes y consolidado por el período mencionado y, con el objeto de analizar la evolución financiera a través de la operatoria de la Tesorería General de la Provincia, la evolución del FUCO (Fondo Unificado) desde el 01/01/2012 al 31/07/2012.

Igualmente, el detalle de todos los pagos mensuales efectuados, desde el 01/01/2012 al 31/07/2012, por todo concepto, detallando beneficiarios y montos y los pagos mensuales en concepto de remuneraciones, planta permanente, contratados y funcionarios, pagos a contratos de medios y consultorías.

Funcionarios y sueldos

Por otra parte, el vicepresidente del bloque de la Alianza señaló que “no se sabe con exactitud el numero de funcionarios ni la remuneración que estos perciben según su cargo, ya que se encuentran muy atrasadas las publicaciones de los decretos correspondientes en el boletín oficial” y mencionó que en el cargo de secretarios de Estado hay quienes ostentan el rango de ministros y otros que no y que, por ese motivo, seguramente tienen diferente percepción de haberes.

El requerimiento apunta a que se informe nombres y apellidos, cargos, organismos y remuneración bruta de la actual planta de funcionarios del Poder Ejecutivo y de las empresas públicas dependientes y, finalmente, la fecha a partir de la cual se efectúo la designación y número de decretos.

Los pedidos de informes están firmados también por los legisladores Bautista Mendioroz, Alejandro Betelú, Marta Milesi, Daniela Agostino, Cristina Uría y Hugo Funes.