El presidente del Bloque de Legisladores del FpV, Pedro Pesatti, con el legislador César Miguel y las legisladoras Susana Diéguez y Roxana Fernández, recibió a ex integrantes de la Comisión Interna del Banco de la Provincia de Río Negro (BPRN), despedidos de la institución desde el día de la privatización, y que aún resultan víctimas de la persecución otrora motivada en la férrea defensa de los derechos de los trabajadores que ellos representaban.

En tal sentido los ex gremialistas explicaron que, luego de su desvinculación, iniciaron una causa judicial a los fines de percibir diferencias de indemnización por despido y el cobro de indemnizaciones por estabilidad gremial hasta la finalización de sus mandatos. La Cámara de Trabajo de Viedma resolvió de manera favorable a los trabajadores la primera de las pretensiones -aplicación de los topes del art. 245 de la LCT- y rechazó aquellas relacionadas a la estabilidad de la ley 23.551. Ahora bien, en lo relativo a las costas, si bien fueron impuestas a los actores -en relación al planteo rechazado- se los eximía del pago a fin de no hacer ilusorios los créditos laborales reconocidos.

Sin embargo, el fallo de la Cámara fue revocado por el S.T.J. (con el Voto de Lutz y Balladini y la abstención de Sodero Nievas) en lo relativo a las costas, condenando a estos trabajadores al pago de sumas exorbitantes. Esto significó una actuación inédita del Superior Tribunal en materia de imposición de costas, actitud que evidenció su especial ensañamiento con los representantes legítimos de los trabajadores en un proceso de ignominioso pergeñado por los banqueros privados y ejecutados por el gobierno de Verani. Dicho fallo fue dictado el 28/11/2000 y a casi 12 años del mismo ha sido reforzado por medidas del Tribunal de Trabajo de Viedma con embargos sobre los haberes de estos trabajadores por sumas que, atendiendo sus circunstancias, se traducen en una deuda perpetua.

Los representantes manifestaron que su supervivencia no ha resultado fácil, pero a  partir de estos embargos pasa a ser intolerable, tanto en términos materiales como espirituales. Recordemos que se intenta hacerlos responsables por casi 400.000 pesos a cada uno por las costas, intereses y costos del juicio que iniciaron, lo que implica para ellos una situación se un continuo castigo a los militantes que denunciaron el vaciamiento del Banco y su vergonzosa entrega al capital usurario pues siempre es bueno recordar que el BPRN fue objeto de una venta espuria, por un precio vil de aproximadamente 12 millones de pesos y en condiciones sumamente beneficiosas para los adquirentes en tanto se les garantizaba una compensación mensual mínima de  450 mil pesos. A más de lo expuesto debe destacarse que la Provincia se hizo cargo de los pasivos y también de las carteras de morosos incobrables.

"Partiendo de la base de la situación de persecución denunciada por los ex trabajadores del BPRN,  en el marco de una seria revisión a la privatización de dicha entidad que resultó rayana con el fraude y nos ha llevado a ser una de las únicas Provincias que no cuenta con un banco propio, el Bloque de Legisladores  del FpV analizará vías de acción a los fines de hacer cesar esta injusticia flagrante”, dijeron los legisladores del oficialismo.