En diálogo con Radio Seis, la presidente del Contralor, Daniela Nuñez, indicó que se trata de una investigación que se inició durante la gestión anterior pero que llevó mucho tiempo porque desde el mes de mayo de 2011 y hasta diciembre del mismo año, “no hubo acceso al instituto”.

“El Tribunal anterior pedía informes que no se contestaban y no presentaron ninguna de la documentación solicitada por el organismo. El Instituto funcionó a puertas cerradas”, definió Nuñez quien señaló que una vez que asumió la presente gestión de Gustavo Gennuso, “pudimos recabar la documentación”.

Nueve meses llevó al Contralor reconstruir el funcionamiento del Instituto durante el tiempo analizado, recabar pruebas de las irregularidades y analizar la situación en general, que ya había sido cuestionada por el organismo durante la gestión anterior con el rechazo de los balances.

“Llegamos a la conclusión de que correspondía hacer la denuncia penal por la gran cantidad de anomalías en la parte contable en la que desapareció el libro diario rubricado por elTribunal, además del rechazo del Balance 2010, la presentación de tickets de comida, de almuerzos o cenas personales de los funcionarios que pasaban como gastos de protocolo”, expresó.

A la situación ya conocida se sumó la denuncia de una ex empleada que, luego de definida la elección municipal en la que perdió el gobierno de entonces, llegó a su puesto de trabajo y se dio cuenta de que le faltaba “toda la documentación de las cooperativas que quedó muy poco dentro del Instituto”. “Actuaron en contra de todas las normativas que regían al instituto en la contratación de personal y en las resoluciones que llevaban a cabo”, definió.

“Tenemos como testigo al nuevo directorio que avala estas situaciones. Contaron que al ingresar no había nada de lo que necesitaban o estaba todo desparrramado. No hubo traspaso de información ni de documentación en el cambio de la gestion, algo que correspondía hacer”, señaló.

En la denuncia radicada en la Fiscalía 1, a cargo de Marcos Burgos, se incluyó la cuestionada entrega de las escrituras de tierras fiscales del Estado municipal, sin que mediara el pago, del predio de Circunvalación y  Ruta 40 Sur, para el Proyecto Valle Azul.