A través de la presentación se solicita que se investigue la gestión llevada a cabo por directores, personal  jerárquico con poder de decisión, abogados de la empresa, su conducta y resultado de la misma" señalando que "existen  dudas y sospechas, sobre la transparencia  de las gestiones aludidas, denuncias públicas de funcionarios del más alto nivel del gobierno, contra  sus directores y abogados".

Aseguran que Horizonte tuvo un déficit de 68 millones de pesos, calificando la situación como "un escándalo" y hablaron de "corrupción sistemática, herramienta fundamental de la campaña electoral del radicalismo del último año".

"Es el escándalo mayor de malversación de fondos públicos que se ha visto en los últimos años, de una compañía que surgió para dar seguros de vida a los trabajadores públicos, de una compañía que tendría que haber estado al servicio de los productores frutícolas, ahora que necesitan el seguro con el granizo y no estar asegurando a las grandes compañías en Córdoba o en Capital Federal", dice la nota.

Se menciona en la misiva que el gobernador "denunció públicamente los presuntos ilícitos penales perpetrados en esta empresa provincial" y señalan dichos en coincidencia del ex titular del organismo,  Leandro Gomez y dle ex secretario de la gobernación, Julián Goinhex.

Sin embargo, indican que "no nos consta que estos funcionarios hubieran hecho en tiempo y forma el anoticiamiento correspondiente a las autoridades judiciales competentes. Tal se lo manda la legislación vigente".

"Hay que poner la firma"

“El gobernador le dedicó un párrafo muy importante a esta empresa. Dijo que era el monumento a la corrupción. Pasó un tiempo importante desde aquellas declaraciones hasta hoy y nosotros tenemos la obligación de denunciar estas cosas”, explicó Piccinini a FM DE LA COSTA, luego de la presentación.

“Si el gobernador, en la apertura de sesiones de la Legislatura, dedica un párrafo de su discurso a esta situación me parece que en contrapartida esto se debe llevar bajo la lupa de la Justicia”, indicó la legisladora.

Por otro lado, señaló que “es una responsabilidad constitucional y republicana denunciar estas cosas, pero no sólo en la prensa sino especialmente en la Justicia, poniendo la firma”.

“Nosotros creemos que hay una sospecha grande sobre le desenvolvimiento de esa empresa, sobre las personas que allí han trabajado y han incrementado su patrimonio”, manifestó.

Aseguró que “si no llevamos esto a la Justicia no habrá castigo y se quedará como si fuera una charla de café y nada más”.

“Hay determinadas personas que fueron decidores en la gestión anterior y se mantuvieron hasta hace pocos días en su cargo en la empresa. Así la gente tiene derecho a sospechar de todo”, cuestionó.