29 noviembre 2012 Río Negro Comentar

La defensora Díaz ordenó una investigación interna al organismo que conduce y un pedido a la fiscalía de Investigaciones Administrativas debido a estas "irregularidades detectadas" en el desempeño de las funciones de Piccinini.

En la Resolución Nº 82/08 Piccinini "aborda una temática ajena a la competencia constitucional otorgada al organismo, inmiscuyéndose en las decisiones políticas del Gobierno Nacional", expresa la Dra. Nadina Dìaz.

“Indebidamente, la ex titular de este organismo de control, exhorta a la máxima autoridad política del país a reconsiderar su postura 'intransigente', 'dilatoria', 'obstruccionista' a fin de derogar la Resolución N° 125/08, medida ésta a la que Piccinini califica de 'arbitraria'”, indica la defensora Nadina Díaz.

La Resolución Nacional 125/08 refería sobre las retenciones móviles a la exportación de granos que puso al sector del campo en alerta, generando un conflicto que duró varias semanas y terminó con el famoso voto "no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cobos.

“El acto administrativo excede incluso el mero disenso con un acto de gobierno, que aún si fuera así no subsanaría su improcedencia, para importar, mediante los referidos calificativos,  un agravio a la figura de la Presidenta de la Nación”, remarca Díaz.

Agrega la actual titular del organismo que “es cierto que la Resolución N° 125/08 generó disenso en la sociedad, como muchas otras decisiones que toman los gobiernos, pero en modo alguno resultó ser una afrenta arbitraria contra el pueblo en su conjunto, sino una decisión de política económica  destinada, con mayor o menor acierto,  a beneficiar al conjunto de la sociedad, afectando como suele suceder, intereses de algún sector social”.

La segunda "irregularidad" que detectó Díaz es “más grave", según relató. Señaló que la Resolución 105/08 afecta "indebidamente recursos humanos y económicos de la Defensoría del Pueblo para fines estrictamente políticos”.

La mentada Resolución autorizó desde el 23/5/08 una comisión de tres personas (dos agentes y su titular) con vehículo, gastos y viáticos del organismo, a la ciudad de Rosario para participar del acto del 25 de Mayo de ese año en el Monumento a la Bandera.

Díaz dijo que “la celebración habría tenido, como excluyente, una motivación de orden político,  cual era la oposición al Gobierno  Nacional por el dictado de la Resolución N° 125/08”.

“Sería gravísimo confirmar que la Defensoría del Pueblo, en algún momento, se transformó en tribuna política -a favor o en contra de un gobierno- comprometiendo incluso recursos humanos y económicos a ese desatinado fin, porque de esa manera su titular habría desoído su mandato constitucional y habría utilizado indebidamente fondos públicos, incumpliendo los deberes de funcionario público”, dijo.

Señaló que con el objetivo de esclarecer toda la situación se resolvió ordenar una investigación interna a fin de reunir todos los antecedentes relacionados a las Resoluciones 82/08 y 105/08 de la Defensoría del Pueblo.

Además, elevó a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas las actuaciones de referencia, para que se investigue la conducta desplegada por la entonces titular del organismo.