5 diciembre 2012 Río Negro Comentar

El parlamentario hizo hincapié en "la burda maniobra desarrollada por el citado juez que tenía como fin hacer naufragar la causa de los PER"y recordó que "se trata de una causa penal  iniciada en el año 2004 a raíz de una denuncia penal efectuada por el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas ante la  detección de un manejo irregular y un faltante de aproximadamente dos millones de Pesos en las asignaciones de los planes PER, cuya distribución dependía de la Secretaría de Trabajo".

Haciendo un breve resumen de la causa, el diputado explicó que "en la escandalosa causa PER ha sucedido lo siguiente: la Cámara en lo Criminal ordena declarar la nulidad de las declaraciones indagatorias y del requerimiento de elevación a juicio. No ordenó que se declare la nulidad del requerimiento de instrucción. El señor Bustamante llama a indagatoria a los imputados en reiteradas oportunidades tras sus repetidas ausencias. Para ello, en base a elementos probatorios adunados a la investigación, debió considerar que existían motivos suficientes para sospechar que aquellos habían participado en la comisión del delito por los que eran investigados. Repentinamente, decreta la nulidad del requerimiento de instrucción, es decir, de la promoción de la acción por parte del agente fiscal".

Al respecto, el parlamentario manifestó que "con esta burda decisión se demuestra explícitamente que la única motivación que pudo haber tenido este abogado que oficia de juez, ha sido simplemente dilatar los tiempos, exponiendo los expedientes a fojas cero y a las puertas de la impunidad”.

Por otra parte, sostuvo que la conducta desplegada por Bustamante "sugeriría precisamente que se ha colocado en el rol de la defensa de los imputados más que desde el de ‘juzgador’ (cargo por el que supuestamente se debe concursar honradamente). Pecando de un exceso ritual decreta la nulidad de la ‘requisitoria de instrucción’, algo tan innovador e insólito como digno de repudio por arbitrario".

Asimismo, el legislador del FPV fundó su denuncia en la actuación que tomó Bustamante en la causa seguida a los ex integrantes del Superior Tribunal de Justicia por "el cobro indebido de abultadas sumas de dinero en concepto de vacaciones no gozadas".

Bartorelli destacó que "en una verdadera actitud encubridora y cómplice, el denunciado rechazó injustificadamente una medida cautelar por la cual se procuraba inmovilizar fondos del Estado provincial involucrados en delitos cometidos por funcionarios públicos sospechados de corrupción (los doctores Luis Lutz y Alberto Balladini) y a este rechazo lo resuelve diez meses después de haberle sido solicitada la medida".

Bartorelli, en su denuncia, añade que “rechazar una medida cautelar diez meses después de su petición, no sólo es un absurdo desde el punto de vista jurídico, sino fundamentalmente una tomada de pelo a la ciudadanía, una burla al sistema republicano y un salvoconducto a los corruptos que se hicieron de un dinero que no tenían derecho de disponer. Dinero, recordemos, que nos pertenecía a todos".

Finalmente, luego de destacar "la forma irregular en que el denunciado accedió a su cargo" el legislador señala con cierta ironía: ”Pero claro, los imputados en esta causa no eran ciudadanos comunes, ni simples mortales. Eran precisamente los jerarcas del régimen de impunidad más descarado y vergonzoso que padeciera la historia institucional de Poder Judicial en la provincia de Río Negro”.