El grupo Clarín actúa con la misma lógica. No le conviene una ley, no la cumple. Y para no cumplirla, así como antes se usaba la fuerza bruta de los fusiles, apelan a toda la artillería mediática para confundir a la opinión pública y aturdirla con argumentaciones que siempre escapan del eje central del debate: si en la Argentina el cumplimiento de la ley debe ser relativo al gusto de aquél que debe cumplirla.

Como es evidente que la ley de servicios de comunicación audiovisual constituye para el grupo Clarín una normativa que colisiona con los intereses de su inconmensurable monopolio, opta por desobedecer y presionar a jueces y magistrados para incumplir con lo dispuesto por una ley inobjetable desde todo punto de vista. No hay dudas, además, que este grupo, acostumbrado durante décadas a hacer y a deshacer a su antojo las políticas que sobre la materia dictó el estado argentino para cuidar sus intereses -no sólo durante la dictadura sino también durante la actual etapa democrática- está dispuesto a todo, como los dinosaurios de aquellos tiempos que el país dejó definitivamente atrás y que eran dueños de la vida de cada argentino. Hoy, el país, debe resolver cuestiones similares, porque es incompatible con la democracia que un grupo monopólico pretenda convertirse en el dueño de la conciencia de nuestro pueblo e instrumentar para ello un tremendo aparato mediático para manipular el libre discernimiento de cada ciudadano. El estado tiene el deber irrenunciable de garantizar que ello nunca suceda ni pueda suceder jamás, porque en una sociedad democrática sólo la pluralidad de voces garantiza la libertad de expresión. Pero por supuesto que para Clarín esto último es lo que menos interesa. Como está demostrado en los hechos, siempre confundió la libertad de expresión y el derecho humano de acceso a la información con la libertad de presión y de extorsión con la que durante años obtuvo de los gobiernos la posición dominante que hoy no quiere abandonar.

Pedro Oscar Pesatti
Presidente del Bloque de Legisladores del Frente para la Victoria