Durante una rápida sesión extraordinaria, se leyeron los fundamentos de la ordenanza que, por tercera vez, aparta a Mazzaglia de sus funciones. Al momento de votar, la totalidad de los ediles presentes -con la excepción del frentegradista Diego Benítez-, apoyaron el proyecto y dieron así por cerrado el ciclo de Mazzaglia al frente de la Defensoría.

Su lugar -tal como ocurre desde la primera suspensión, en julio de 2012- lo ocupará Roxana Barbieri, Secretaria Legislativa del Concejo.

El cuerpo deliberativo fundamentó su decisión en el Dictamen de Medicina Laboral -organismo de la Secretaría de la Función Pública- que da por cierta la existencia de hechos de maltrato laboral, situaciones que fueron oportunamente denunciadas por cinco trabajadoras de la Defensoría.

El Dictamen -coincidente con los términos del producido por el INADI- es "concluyente", según señalaron hoy desde el Concejo Municipal. Incluye los resultados de un test psico-social realizado al Defensor del Pueblo, y otras consideraciones que no fueron hechas públicas.

El proyecto aprobdo este martes, fundamenta la “contundencia del informe de la autoridad de aplicación", por la Secretaría de la Función Pública y Control de Gestión, que "torna cardinales las sugerencias a los fines de la toma de una decisión de este cuerpo deliberante”.

El Concejo aseguró que actuó con “cautela, informándose y analizando pormenorizadamente las situaciones puestas a su conocimiento definiendo que la situación es de notoria gravedad en aras de preservar la inconstitucionalidad de la Defensoría y sobre todo preservar la salud e integridad de sus trabajadoras”.

"La determinación de los hechos, el daño, entre otras cuestiones está reservada finalmente al Poder Judicial y que solo la intervención del Departamento Deliberante se puede circunscribir a la esfera político institucional es inadmisible en este estado actual, el retorno a las funciones por parte de Mazzaglia sin que ellos implique una grave omisión a los deberes de este cuerpo”.

Siempre entre sus fundamentos, la iniciativa aprobada por unanimidad indica que el cuerpo deliberativo "no emite juicio de valor o consideraciones respecto de la acreditación o no de los hechos denunciados traídos a su conocimiento, cuestión que en principio le resultaría ajena sino en función de evaluar que la cantidad y la gravedad de las denuncias que ameritan el esclarecimiento de los hechos, sin que ello implique la paralización del organismo que está actualmente a cargo del denunciado".

El propio Mazzaglia había anticipado que este miércoles se presentaría a retomar sus funciones, teniendo en cuenta que es la fecha en la que concluye el plazo de la segunda suspensión establecida por el Concejo.

Pero esta nueva definición en sesión extraordinaria deja a Mazzaglia con la única alternativa de la judicialización; paso que, en realidad, ya adoptó para cuestionar las dos suspensiones anteriores. (ANB)