"También manifestó en dicha alocusión que Aguas Rionegrinas  tiene problemas de financiamiento y recibirá este año toda la atención y consideró a su vez que la administración y la Legislatura tendrán que discutir el sistema de exenciones, que ese sistema tiene que ver con la Argentina del 2001 y 2002 pero nada tiene que ver con esta Argentina del crecimiento. Estas medidas fueron tomadas con una desocupación del 25% y no con esta desocupación del 5%", dijo.

Odarda manifestó su preocupación y rechazo a "una medida que desde el Ejecutivo provincial se desea llevar adelante, que dejará a muchos ciudadanos sin un resguardo para el acceso al agua potable como derecho humano básico".

Señaló que en el 2012 las exenciones, que oscilan del 20 al 100%, favorecieron a 12.347 beneficiarios gracias a la Ley N° 3928, promulgada en enero del 2005 que estableció la denominada "Tarifa social".

"Debe saber el Ejecutivo provincial que no se deben buscar ahorros de dineros públicos en base al padecimiento de grupos sociales en riesgo o por debajo de la línea de pobreza, negándoles y derogándoles leyes que amparan y resguardan sus derechos. Los ahorros se deben buscar por ejemplo en el achicamiento de la cantidad de funcionarios designados que ya suman 300 y en la reducción de sus holgados megasueldos, a modo de ejemplo", dijo.

Aseguró que "no se entiende como el Ejecutivo provincial desea echar por tierra el acceso al agua de todos los habitantes como derecho humano habilitando el corte total del suministro, mientras que por otro lado autoriza a a través del DPA al uso de aguas subterráneas a las empresas multinacionales del oro en la zona declarada en emergencia hídrica por ese mismo organismo en la zona de Ingeniero Jacobacci".

"Para información de nuestro gobernador en Río Negro siguen existiendo altos niveles de pobreza y desocupación. En esta provincia aun hay muertes evitables que ocurren por falta de asistencia sanitaria como lo que me he cansado de denunciar en la Línea Sur rionegrina por falta de ambulancias", criticó.

Agregó que "la inflación volvió a tocar niveles de los años '90, lo que ocasiona mayor desocupación, sumado a los efectos aun vigentes de la ley de prescindibilidad o disponibilidad avalada por todo el gobierno y sus legisladores oficialistas".

"Esto demuestra que debemos tener un Estado más presente con los que más necesitan donde la justicia social no sea una utopía. De ninguna manera queremos un Estado ausente que contribuya a agravar la situación de miles de rionegrinos, quitándole ahora con el fin de 'ahorrar', el derecho humano fundamental al agua para consumo y actividades productivas", finalizó.