Nada hacía prever un desenlace como este. El 22 de diciembre, Díaz informaba que había mantenido reuniones con trabajadores hospitalarios de Choele Choel y Viedma, en ambos casos preocupados por el atraso en el pago de guaridas y horas extras.

Al parecer estas acciones no cayeron muy bien en UPCN, desde donde tres días después se envió una nota a la Defensoría manifestando “desconcierto” por la preocupación de Díaz.

“Nos llama la atención que haya puesto acento en ésta dificultad tan acotada a pocos agentes”, dijeron desde el sindicato y señalaron “jamás notamos tal preocupación por la gran cantidad de problemas por los cuales pasó el conjunto de los empleados públicos, desde la sanción de la Ley de Disponibilidad hasta la pérdida de trabajo por caídas de contratos”.

Mencionan además la “profunda injusticia que genera la diferencia de sueldos entre los empleados públicos del Poder Ejecutivo con los de los Poderes Legislativo y Judicial, incluidos los Organismos de Control, situación que nos lleva constantemente a concluir que hay empleados estatales de segunda devaluada y de primera jerarquizada”.

La respuesta de Nadina Díaz

Algunas semanas después, la defensora del pueblo decidió responder esta nota y lo hizo en duros términos. “Estos hechos son reales y no debieron despertar ningún desconcierto en el gremio”, señaló.

“Frente a esto podría uno preguntarse dónde estaba el gremio UPCN en estos cuatro meses en que los trabajadores se vieron privados de su salario”, embiste la titular del organismo.

Además, dijo que las diferencias entre los sueldos de los tres Poderes son “históricas” y menciona “el limitado éxito de UPCN en esta materia, siendo que sus afiliados están dentro de los peores pagos del país”.

“Coincidimos en la imperiosa necesidad que tiene el empleado público de ser defendido como trabajador, pero asimismo sostenemos que esa defensa debe sustentarse en la ética, el compromiso y la capacidad de gestión de quien dice representarlos”, agrega.

La polémica y el pedido de rectificación

La cosa lejos estuvo de terminar ahí. El gremio UPCN no ocultó su enojo por la respuesta de Díaz y le reclamó una rectificación inmediata. Señalan que la defensora “parte de la descalificación institucional hacia este histórico gremio en la provincia y la descalificación, también, en modo personal hacia todos sus dirigentes, cuando sostiene desde su diatriba epítetos que no vamos a reproducir para no caer en la vulgaridad con la cual fuimos agredidos”.

“Lamentablemente sus expresiones no son propias de una funcionaria, se asemejan a una  infante irrespetuosa cargada de una soberbia jamás vista en un funcionario de la provincia”, dispararon desde el gremio.

“Es probable que en su periodo de vacaciones que corrieron entre mediados de diciembre a los primeros días de febrero le fueron escasos, y no calmaron su pluma y su vida”, sostuvieron.

“Admitirá entonces, con su propia experiencia laboral que ningún empleado público de la administración central tuvo antes de su primer año de trabajo semejante cantidad de días de vacaciones. Seguramente esta experiencia que ahora puede comparar con su propia vivencia, puede trasladarla a lo salarial”, se quejaron después.

Señalan más adelante que “le explicamos, le reiteramos y se lo aseguramos que lo que gana un trabajador por la misma labor en un puesto de tareas idéntico del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial fueron y son profundas e injustificadas diferencias salariales; que advertidas por usted, en lugar de poner su cabeza a pensar en estudiar  y analizar las causales de esos motivos, nos descalifica y agravia”.

“Nos descalifica porque no tiene la menor idea de que le hablamos, porque no tiene la suficiente curiosidad por saber los motivos de esta realidad, que no son los éxitos o fracasos de los dirigentes gremiales los que crean las brechas salariales, ese es un facilismo extremo”, continúa el gremio en el duro comunicado.

Aseguran que “acá están involucradas políticas de empleo público, de la ley de presupuesto, de la distribución de la renta nacional y local, de esas cuestiones de las cuales usted se rehúsa a pensar dos minutos antes de escribir y firmar una nota donde insulta al conjunto de la dirigencia sindical”.

“Le pedimos que cuente hasta diez y piense en sus obligaciones, que son simples, piense en el trabajador público entonces verá que puede hacer cosas importantes por ellos, en lugar de menospreciar al gremio y sus dirigentes que los representan”, agregaron.

“Protéjalos y defiéndalos en sus derechos individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones.  ¿Lo hizo?”, indican.

“Sírvase tomarse un momento de su dura tarea en la supervisión del funcionamiento de la administración pública provincial y de los organismos prestadores de servicios públicos, otorgando especial atención a la eficiencia con que se alcanzan los resultados propuestos en cada caso y analizando las fallas, dificultades y obstáculos que impidan o entorpezcan la cabal satisfacción de los derechos e intereses de los usuarios y administrados. ¿Lo hizo?”, agregan.

“Investigue todos los hechos que, emanado de órgano del Estado o de particulares, suponga un ataque o lesión de la libertad de expresión e información. ¿Lo hizo?”, manifiestan luego.

“Le pedimos que ejerza sus funciones, quizás le quite tiempo a la planificación de sus próximo 45 días de vacaciones sin concurrir a su oficina, pero le aseguro valdrá la pena”, señalan luego.

“Tenemos la seguridad de que los trabajadores jamás encontrarán eco en sus planteos mientras dure su mandato (del cual sabemos concretamente que muchos legisladores están arrepentidos de haber votado a su favor), cuya gestión resulta cargada de un sesgo contra el empleado público, porque usted no actuó en los planteos que le hicimos en nuestra presentación del día 25 de febrero”, cuestionan más adelante.

Del mismo modo, el gremio acusó a Nadina Díaz ante el presidente de la Legislatura, Carlos Peralta, señalando que “no sólo no hay una respuesta a nuestra inquietud sino, que, hay apreciaciones subjetivas acerca de nuestro gremio que son llamativas y prejuiciosas ideológicamente y que constituyen una flagrante extralimitación en virtud de la altísima responsabilidad que le compete y donde debe guardar estricta imparcialidad de acuerdo a las normas legales correspondientes”.

“Llama la atención la definición político ideológico de cuestionamiento a la labor gremial que implica un claro posicionamiento contrario hacia las organizaciones que tienen como objetivo básico la defensa de los derechos de los trabajadores. Este posicionamiento ideológico implica una postura impropia de su función”, se quejan.

Finalmente, UPCN pide que “se adopten los recaudos necesarios para encauzar a una institución notable como la Defensoría del Pueblo en los carriles de la imparcialidad, el cumplimiento estricto de las normas constituyentes de dicha institución y la búsqueda de alternativas superadoras de conflicto”.