Odarda explica que el titular de ese organismo de control, Marcelo Ponzone, la notificó que en el plazo de cinco días debo ratificar los términos de un artículo de opinión publicado en distintos medios periodísticos de alcance provincial donde cuestiona el accionar de los órganos de control en general.

Además, agrega en la misiva enviada a Peralta que “cabe manifestar que como legisladora de esta provincia, me siento absolutamente afectada en relación no solo a la vulneración del derecho a la libertad de expresión -una de las bases fundamentales sobre el que se asienta el sistema democrático- sino a la violación de la inmunidad parlamentaria, garantizada en el artículo 128 de la Constitución de Río Negro”.

Asimismo, expresó también a Peralta que "la Carta Magna provincial es clara al indicar que el legislador, desde su elección, no puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones que emite en el desempeño de su mandato".

"Dicha intimación, suscripta por la asesoría letrada de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, constituye un acto de atropello a la investidura parlamentaria y una verdadera amenaza hacia mi persona, con la finalidad de que cese en el ejercicio del rol de contralor inherente a la oposición, función  que el pueblo de Río Negro me ha delegado a partir del 10 de diciembre de  2011”, remarca Odarda.

“Pongo en su conocimiento, que el artículo de opinión al cual hace referencia el doctor Marcelo Ponzone, data de principios del presente año y cuestiona una flagrante  violación a la Ley de Etica Pública y a la Constitución Provincial, toda vez que el Fiscal de Investigaciones y los integrantes del Tribunal de Cuentas Provincial, son partícipes activos de la agrupación política interna denominada '25 de Septiembre' que apoya al gobernador, estando inhibidos de hacerlo en función de la responsabilidad de su cargo (art 201, inciso 1 y 2 de la CP); la falta de eficiencia que ha quedado visible en la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, con medio centenar de denuncias presentadas sin trámite en la Justicia durante la gestión de Marcelo Ponzone”, indica la diputada provincial.

Detalla luego Odarda la falta de respuestas a los pedidos de intervención que ha realizado en mayo de 2012, de los cuales "no he recibido notificación sobre resoluciones emitidas por el órgano de control, siendo que ya transcurrieron más de diez meses desde su presentación”.

La diputada solicitó al presidente de la Legislatura rionegrina que “tome cartas en el asunto tratándose de un ataque hacia la investidura de un presidente de bloque de la Legislatura que preside. Hago reserva de presentar pedido de juicio político en el marco de la Constitución Provincial contra el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa por éstas y otras causales que pondré en su conocimiento oportunamente”.

Por otra parte, Magdalena Odarda remitió a Ponzone una nota, en la cual le expresó que "entendiendo que dicha acción de su parte constituye un avasallamiento hacia mi investidura como legisladora y como ciudadana de esta provincia en ejercicio del  derecho a la libertad de expresión, le comunico que he puesto en conocimiento del Presidente de la Legislatura su proceder contrario a la Constitución de Río Negro" y le solicitó que "cese en el hostigamiento hacia mi rol institucional  y sírvase notificarme sobre las resoluciones dictadas en el marco de las denuncias presentadas por este Bloque Legislativo oportunamente".