"La expresión racional de la pena implica cumplir el mandato constitucional de la resocialización del preso, el que no puede realizarse en situaciones en las que la sanción penal importe la sustracción de la persona de la vida en libertad por un espacio tan prolongado de su vida útil", dice el proyecto.

Agrega en sus fundamentos que "la disposición que se pretende modificar, ha ampliado de manera desmesurada que el propio límite que se fija, y no muestra ningún tipo de coherencia dentro de la vida posible del penado".

"La redacción actual conduce a que entre el máximo de la pena temporal y la imposición de una pena a reclusión o prisión perpetua no exista una diferencia apreciable, y eso resulta en todos los sentidos una profunda injusticia para quien se encuentran sometido a una pena privativa de la libertad", agregan.

"Pero existen también cuestiones de la propia ingeniería normativa que se han visto seriamente afectadas a partir de esta norma", indica y explica que "entre ellas, y aparejadas a la ley 25.892 que se tratará más adelante, el texto vigente del art. 55 del Código Penal conduce a que entre el máximo de la pena temporal y la imposición de una pena a reclusión o prisión perpetua no exista una diferencia apreciable".

Otra de las modificaciones propuestas es sobre la posibilidad de solicitar la libertad condicional una vez cumplido un tiempo determinado de la condena. El proyecto promueve volver a la redacción anterior del texto penal, con la intención de recuperar los principios rectores de humanidad de las penas y readaptación social del condenado.

Esta iniciativa obedece a que "todas las penas deben cesar o tener la posibilidad de cesar en cierto momento de la vida de la persona, mediante el cumplimiento de requisitos o de condiciones de posible realización. Es por eso que el Código siempre impuso límites, incluso cuando se trataba de los multireincidentes o de una pena perpetua".

"Este proyecto de ley, pretende plasmar que no podemos “encerrar y tirar la llave” a quienes están conflicto con la ley penal, sino que la verdadera política criminal que debe imperar es la de la readaptación".