El relato de Odarda evoca una película de espías. La diputada del ARI mencionó situaciones que rozan lo increíble y que, según sus dichos, se vinculan directamente con Ponzone.

La parlamentaria confirmó a FM DE LA COSTA que hoy presentará el pedido de juicio político contra el Fiscal de Investigaciones Administrativas y advirtió sobre “actividades de presunto espionaje” y “actos de hostigamiento para que deje de denunciar”.

Las causas del juicio político

Odarda explicó que una de las principales causas por las que pedirá el juicio político contra Ponzone tiene que ver con su participación en la agrupación interna “25 de Septiembre” surgida a fines de agosto del año pasado para apoyar al gobernador Alberto Weretilneck en plena pelea con el “pichettismo”.  “Eso está prohibido por la Constitución Provincial”, reclamó Odarda.

Además, la diputada mencionó la “situación de maltrato y la denuncia penal que existe en trámite en la Justicia por parte de una de las trabajadoras del organismo” y a su vez “las denuncias recientes por parte de siete profesionales que hablan del maltrato laboral que han recibido y cuentan con el respaldo institucional del Colegio de Abogados de Viedma”.

A eso se suma el “incumplimiento de sus funciones” con relación a dos denuncias presentadas desde ese bloque y que aún no tienen respuesta. Las presentaciones se vinculan con la supuesta relación que el titular de Minería, Gustavo Ferreyra, mantenía con las empresas mineras que operan en Río Negro y la autorización por parte del DPA del uso de agua subterránea para empresas megamineras de Jacobacci.

“Actos de hostigamientos”

A estas cuestiones, Odarda sumó otras personales. “Considero que hay actividades de  presunto espionaje y operaciones de inteligencia para realizar una persecución en contra de mi persona”, aseguró la parlamentaria.

Explicó que todo surgió tras la publicación de un artículo de opinión donde realizaba diversas críticas relacionadas con el funcionamiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. “Tras la publicación, recibí una intimación para que en cinco días ratifique los términos de ese artículo de opinión y eso fue un primer acto de hostigamiento”, aseguró.

Odarda mencionó que “tengo un derecho ciudadano, como cualquier otra persona, para emitir una opinión en los medios, pero además un legislador tiene inmunidades parlamentarias para evitar ser molestado en el ejercicio de sus funciones cuando emite una opinión”.

Pero eso no fue todo. La diputada aseguró que tras ese episodio comenzaron a recibir extraños llamados telefónicos en el bloque. “Nos preguntaban por las recorridas que hacíamos en la provincia, por el uso de la camioneta oficial y otros aspectos de nuestro trabajo. No entendíamos de donde venían tantas consultas”, señaló.

La legisladora fue más allá y aseguró tener conocimiento de “autos desconocidos que se para frente a mi casa y rondan la zona”.

“Ahora apareció una denuncia falsa dentro de la Fiscalía en contra de mi persona, con el fin absoluto de intimidarme. Es sobre un empleado asignado a este bloque que supuestamente, en horas de trabajo, hace trámites en la Justicia. Este empleado es además apoderado y autoridad del partido y sale del bloque con mi consentimiento como autoridad responsable”, mencionó.

Agregó que “el papelón mayor es que el mismo Ponzone reconoce que la persona que hace esta denuncia el día 30 de enero no existe. Es un nombre falso, no está en los padrones y el domicilio que fijó tampoco existe. Es una burda maniobra en contra de mi persona y lo voy a denunciar”.

“No debe ser minimizado”

Odarda estimó que una denuncia de estas características “de ninguna manera debe ser minimizada o archivada por la comisión legislativa” y entendió que “a estas mujeres que se animaron a denunciar no hay que dejarlas solas, porque si la Legislatura mira hacia otro lado va a enviar un mensaje que nadie quiere escuchar”.

“Debemos sancionar a los funcionarios que abusan de su poder y Ponzone tiene poder y lo está usando mal”, finalizó.