Frente a una realidad que nos atropella brutalmente, el gobierno, desde el área de Seguridad ofrece, no sin cierta liviandad, la alternativa de una Policía Municipal.

Un solo dato podría descalificar esta propuesta de la Secretaría de Seguridad al reclamo de los rionegrinos y es que tan solo el municipio de Viedma estuvo en condiciones de acordar con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la implementación del carnet de conducir,  dado que la mayoría de los Municipios no puede cumplir con las exigencias de la Ley Nacional de Tránsito, y esto se debe a que por su propia dinámica, municipios de menor población, carecen de la infraestructura mínima requerida para esta cuestión. Demás esta decir que si no estamos en condiciones de controlar el tránsito, menos podríamos exigirles la prevención del delito.

Párrafo aparte merece la discusión sobre uniformidad de políticas públicas en materia de seguridad, si dispersamos las decisiones entre todos los municipios de la Provincia.

Pero no solo se trata de las previsibles dificultades de los municipios para abordar semejante responsabilidad, también, es imprescindible desnudar las dudas que nos genera el propio Gobierno Provincial en cuanto a la capacidad para gestionar y ejecutar lo que, antes, presentó como proyecto y para lo que presupuestó con el voto de nuestro Bloque.

A propósito de los desbordes penitenciarios en los que debimos lamentar pérdidas irreparables, esta gestión de Gobierno firmó el Decreto Ley 1 del 30 de mayo del 2012, de Emergencia Carcelaria que incrementó el presupuesto  en casi 17 millones de pesos destinados a la Secretaría de Seguridad, de los cuales, se comprometió solo 1 millón 800 mil pesos, pero, habiendo pagado al final del año 2012 solo $ 300.000.

En el marco del mismo Decreto Ley 1 de Emergencia Carcelaria, el presupuesto vigente es de poco más de 53 millones para este año 2013, del que durante el 1º trimestre, apenas se comprometieron $ 6.636.469, 82.- y solo se pagaron $ 1.134.020,41.-

Podríamos decir lo mismo de los recursos asignados a los Consejos de Seguridad Local que de un presupuesto 2012 de más de 750 mil pesos, se pagaron 198.161, 47 pesos, lo que en todo caso pone de relieve el escaso compromiso político de la gestión con las soluciones que plantea.

Podemos agregar que además, el presupuesto 2013 para los Consejos de Seguridad Local, no se ha pagado un solo peso.

En la misma línea, es imposible soslayar que en relación a los establecimientos penales, cuyos déficits han sido denunciados por los propios jueces e incluso por la Secretaría de Derechos Humanos, se votó un presupuesto de algo más de 15 millones, lo que Gobierno corrigió posteriormente, convirtiéndolo en 13 millones y medio, de lo cual en el 1º trimestre del año, solo se comprometieron $ 549.541,39 de los que no se pagó nada en lo absoluto.

De los presupuestos que eleva el Poder Ejecutivo y a los que acompañamos con la mejor disponibilidad, se desprenden dos cuestiones que no podemos disimular. La primera es que son la legitimación de una voluntad política, de un compromiso ideológico. La segunda es que por inhabilidad, impericia o desidia, estas herramientas se malogran en directa proporción a la subejecución de partidas que desde el limbo administrativo terminan agravando la situación de inseguridad vigente.

Legislador Alejandro Betelú
Legislador Darío Berardi