Tal como es de estado público, Cid imputó por presunta mala praxis a los trabajadores que tuvieron intervención directa en el tratamiento de Susana Freydoz y porque, presume, se habría facilitado el intento de suicidio, al resto de los trabajadores, desde la directora del nosocomio María Luz Riera hasta empleados de servicios generales.

"Las medidas tomadas por el fiscal configuran un disparate jurídico. No se necesita ser abogado para saber que estamos ante un funcionario judicial que persigue fama a partir de un caso resonante como el asesinato de quien fuera Gobernador de la provincia", sentenció Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato a nivel provincial y remarcó: "Llama la atención que este fiscal acuse a los trabajadores y nada refiera sobre la actuación de la policía y los responsables políticos de un episodio que no está definitivamente aclarado. Este funcionario judicial es un claro representante de una justicia selecta en la provincia que imputa a los más débiles y nada hace contra los verdaderos delincuentes y los ladrones de guante blanco".

"Estamos convencidos de la profesionalidad y vocación de servicio que durante años han demostrado todos los trabajadores del hospital de Cipolletti y ninguna responsabilidad tienen en este hecho. Esta es una clara muestra que en Río Negro tenemos una justicia que está al servicio de los poderosos y que siempre quiso congraciarse con sectores del poder político", remarcó Aguiar y concluyó: "Creemos que se debe evaluar, de acuerdo a lo contemplado en la constitución y en las leyes vigentes, la inmediata remoción de este funcionario".