En diálogo con FM DE LA COSTA, el titular de la cartera social rionegrina aseguró que “se va dejando de lado la concepción tutelar y es el Estado quien garantiza todos los derechos de los jóvenes”.

Explicó que la Justicia “se encarga de velar por los derechos de los niños que por alguna razón no son contenidos por el núcleo familiar” y entonces “cede su protección al Estado”.

“Hay distintos niveles de cuidado de los jóvenes porque hay adolescentes que han cometido delitos menores y otros muchachos que han cometido delitos más graves. Eso requiere un mayor profesionalismo de parte del Estado”, manifestó y continuó dialogando con este medio:

¿Cómo es la situación actual de los jóvenes?

Cuando llegamos, hace seis meses, encontramos un estado de abandono extraordinario de las instituciones. Y se trata de instituciones que requieren mucho profesionalismo por parte de quienes tiene la función de cuidar a los jóvenes. 

Ordenamos una rápida refacción de los edificios en Bariloche y Viedma. Las condiciones en las que se albergaba a estos chicos manifestaban un claro deterioro logístico.

En segundo lugar, destacamos que necesitábamos trabajadores que tengan un reconocimiento a su tarea y capacidad. No podía ser que tuviéramos a trabajadores con escasa o nula capacitación y una peor remuneración. Muchos llevaban entre más de 10 años como becados.

En nuestra zona, esta tarea se lleva adelante con el hogar Pagano…

Nosotros preferimos llamarlo el ex hogar Pagano, porque pensamos una refacción importante. Este hogar respondía a una especie de cárcel para menores que queremos erradicar.

En ese lugar estamos haciendo una reestructuración del edificio. Queremos que sirva para la contención, pero también para la capacitación. Vamos a  reactivar la carpintería del lugar y además vamos a celebrar un convenio con horticultores locales para trabajar ese enorme espacio de tierra que rodea al edificio.

La idea es poner otras dos o tres casitas menores para que haya diferencias en el tratamiento, dado que no es lo mismo un chico que va adaptándose a otro que se resiste a hacerlo.

Hay que garantizar tres objetivos: la protección del menor, la garantía de que ese menor no constituya un peligro para sí o para terceros y que quienes trabajen en ese lugar tengan un salario digno y la capacitación necesaria.

¿En cuanto tiempo se puede lograr esto?

Es un proceso. Hace seis meses que llegamos a este lugar. Pero en un mes, quizás, tengamos completado el 100% de los objetivos. Este año la situación tiene que estar totalmente solucionada en toda la provincia. Este trabajo también se debe hacer en espacios de Sierra Grande, Río Colorado, Roca y Bariloche, tomando el tema integralmente.

La situación ideal sería que los jóvenes no lleguen a esos lugares. ¿Cómo se trabaja con los más chicos para evitar esto?

Es una muy buena pregunta. La institucionalización de los adolescentes debe ser una excepción. El Estado debe desarrollar acciones preventivas y eso significa que la actuación en terreno de nuestros operadores es esencial.

Los programas propios, como el ECOS, que se desarrolla en toda la provincia, tienen una prioridad enorme. Es el núcleo de la comunidad en donde pensamos que los niños y los adolescentes tienen posibilidad de encontrar alternativas diferentes a las que ofrecen el delito y el narcotráfico.

Todos los días damos una pelea muy fuerte contra la desidia, la discriminación, la falta de trabajo y la deserción escolar. Estos temas están en manos del Estado y deben enfrentarse con fuerza.

¿Aquí el aporte de la gente es fundamental?

Sí, claro. Es fundamental. Aquí se deben centrar las juntas vecinales, las organizaciones religiosas, las bibliotecas, los clubes. Es una batalla integral.