En los últimos meses ingresaron al referido servicio más de 250 agentes nuevos, de los cuales 136, todos de la ciudad capital de Viedma, se encuentran aún sin cobrar sus haberes mensuales. Además de aproximadamente 40 contratados profesionales y técnicos que se encuentran sin percibir ingresos desde el mes de diciembre del año pasado. Éstos trabajadores prestan servicios en el Penal Nº 2 de General Roca y en otras unidades.

Por otro lado existen numerosos planteos y reclamos administrativos sin resolver en el ámbito de la Secretaria de Seguridad, como el pago de traslados y de la bonificación del título secundario, cambios de niveles y grados. Hay que destacar que la totalidad de los nuevos ingresantes, así como una gran parte del personal antiguo, fueron mal incluidos en el escalafón acorde a las leyes vigentes. La mayoría de ellos posee el título secundario y debieran revestir el nivel de seguridad 5, y por el contrario, todos ellos se encuentran nomenclados en el nivel 7 de apoyo, causando esto un enorme perjuicio en los derechos laborales individuales y un retroceso político en la carrera penitenciaria.

Como ejemplo del  funcionamiento actual de algunas penitenciarias se puede señalar que en el Penal 2 hoy no existen baños para los empleados, falta iluminación en los distintos pabellones, las celadurías se encuentran en muy mal estado y no hay agua potable para el consumo.

Desde el sindicato, se espera que se dé cumplimiento al compromiso asumido desde el sector liquidaciones del Ministerio de Gobierno, ya que aseguraron que durante la jornada de mañana se estaría abonando parte de los salarios atrasados.

Al respecto, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro, expresó que "hemos tenido sobrada paciencia y a pesar de los reclamos no existen respuestas claras dentro del Servicio Penitenciario Provincial" y agregó que "durante estos meses el maltrato institucional a los trabajadores ha sido alarmante. No puede concebirse que no se paguen los salarios y que existan empleados que se encuentren sin cobrar desde hace seis meses". 

Al respecto de las medidas resultas por el sindicato, Aguiar afirmó que "nos hemos declarado en Estado de Asamblea y la próxima semana evaluaremos profundizar las medidas de acción directa, para obtener el cumplimiento de todos los derechos". 

Finalizó diciendo "El estado tiene la obligación de cumplir con el mandato de nuestra Constitución Nacional garantizando que las cárceles sean para la resocialización de los detenidos alojados en ella. Sin el reconocimiento de la profesionalidad, sacrificio y compromiso con los que los agentes penitenciarios prestan servicios diariamente, el cumplimiento de ese objetivo es imposible".