Según señalaron “en el ministerio están firmadas y selladas las hojas 4 y 5 por un monto de 392.626,42 pesos, en cambio, en el CET 1 el presupuesto que recibieron es de 417.530,91 obvio, copias sin firmar, ni sellar”.

“¿Para qué necesitan dos cómputos y presupuestos de la misma empresa para hacer exactamente la misma obra? Funcionarios: sean un poquito más precavidos, no sean tan evidentes”, señalaron en las redes sociales.

Jorge Ochonga, uno de los padres, comentó la situación a FM DE LA COSTA. Recordó que “los niños no podían permanecer en los talleres porque corrían riesgo de vida” y remarcó que “fue terrible lo que luchamos para lograr el amparo”.

“Era una situación extremadamente grave. No había seguridad en materia de riesgo eléctrico, no funcionaban los diyuntores, los aislantes no eran adecuados, las máquinas no tenían parada de emergencia, hubieron accidentes y alertas de otros organismos”, aseguró.

“Nos resultaba raro que quienes supervisan las obras antes del ciclo nunca se dieron cuenta. O no querían verlo, no se entiende”, dijo.

Pero la indignación de los padres no quedó allí. A cuatro meses del inicio de las obras (que tenían un plazo de ejecución de 30 días) se encontraron con “cómputos diferentes” y “dos presupuestos”.

Explicó que la obra se cotizó “417 mil y 392 mil pesos por parte de la misma empresa” y explicó que “las fojas selladas y firmadas son de 392 mil pesos y están en el Ministerio. Pero en la escuela hay una carpeta técnica con el importe por 417 mil pesos, con hojas que no están firmadas ni selladas”.

“Vamos a pedir una auditoria y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Acá se jugó con la vida de los alumnos. Nosotros no somos unos nenes. Sabemos de lo que estamos hablando. Acá no hubo licitación, fue una contratación directa”, dijo.

Ochonga aseguró haber sido proveedor de la provincia, de otras provincias y de empresas multinacionales. “Yo se de lo que hablo”, aseguró.

“Se cumplen dos meses de la suspensión de clases en el taller y al gobierno no se le cayó una idea. Y eso que la jueza no nos tomó el riesgo del resto del colegio. Es un edificio que data de 1995 y tiene 900 alumnos. Era el colegio emblema y se vino abajo por falta de mantenimiento, por desidia de los gobiernos, por todo”, finalizó.