En representación del INAI estuvieron presentes el coordinador general del Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas -Re.Te.C.I.-,  Emiliano Reynoso, y el director Nacional de Tierras,  Antonio Dellelche, en tanto que por el CODECI estuvieron su titular, Doris Cañumil; el vocal gubernamental Néstor Collumilla, y otros consejeros.

Gallinger informó que “la reunión tuvo por objeto tratar el futuro convenio a firmar con la provincia para la continuidad del relevamiento de cada una de las comunidades, de acuerdo a la ley 26.160”.

Explicó que “el convenio vigente hasta el momento permitió avanzar hasta un 50% de ese trabajo, relevando 60 comunidades, pero queda otro número similar”.

Dijo que “se están discutiendo los criterios a implementar en el nuevo convenio y la conformación de los equipos técnicos que se encargarán del relevamiento”.

Adelantó que “la idea es que antes de fin de año esta segunda etapa esté finalizada, porque el objetivo planteado por el INAI es que a diciembre del 2013 el relevamiento esté terminado, como antesala para discutir una ley nacional de Tierras  que permita el otorgamiento de los títulos comunitarios a los pueblos originarios”.

Indicó que con el nuevo convenio se busca “una mayor agilidad, con conformación de equipos técnicos que estén totalmente instalados en el territorio, para que en este segundo semestre del año se pueda concluir con todo este proceso de relevamiento de las poco más de 60 comunidades que están pendientes”.

Gallinger recordó que hay una prórroga de la ley 26.160 que precisamente vence en diciembre de este año, de allí la urgencia de terminar con los relevamientos.

Hay que recordar que la norma nacional tiende a contribuir al proceso de regularización de tierras indígenas, generar condiciones para los procesos de titulación y fundamentalmente salvaguardar los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

La ley 26.160 suspendió la ejecución de sentencias, actos procesales y administrativos, cuyos objetos sea el desalojo o desocupación de aquellos territorios de “posesión” y de “propiedad” comunitaria.

Dicha norma ordenó ene se marco al INAI el relevamiento técnico jurídico catastral de la situación de las tierras ocupadas por estas comunidades.