Prácticamente no existe opositor, desde el conservadurismo argentino hasta aquellos que paradójicamente se definen como la izquierda, que no se rasgue las vestiduras frente a la “imperiosa necesidad” de establecer el 82% móvil para el sistema previsional. Se olvidan de analizar las condiciones de posibilidad y los datos, no sólo económicos, de los últimos diez años en materia previsional. 

En este sentido, es muy acertado lo que manifestó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la Asignación Universal por Hijo: hoy todos están de acuerdo en el éxito de la medida y en su carácter de avanzada cuando hablamos de transferencias de ingresos a los sectores más vulnerables, pero cuando fue ineludible la nacionalización de las AFJP para que volvieran al Estado los recursos necesarios para llevarla adelante, los legisladores de la oposición se opusieron.

Los mismos que oportunistamente asumen la bandera del “82 % móvil”, hace cinco años no veían que el sistema privatizado de las AFJP se estaba cayendo a pedazos: unos 52.000beneficiarios ya habían consumido íntegramente sus ahorros y estaban siendo asistidos por el Estado; el 77 % de los jubilados de las AFJP recibían un complemento del Estado para percibir el haber jubilatorio mínimo de ese momento; el costo para el Estado Nacional era de 4.000 millones de pesos que salían de su presupuesto. Mientras tanto, los aportes previsionales iban a las AFJP que cobraban comisiones por administración del orden del 30 % promedio. El sistema estaba fundido apenas 10 años después de haberse puesto en marcha.

El proyecto político que viene gobernando desde el año 2003, aspiró y concretó la sostenibilidad financiera y la solidaridad del sistema previsional argentino (el fondo de la ANSES se triplicó, llegando a los 280 mil millones de pesos). Lejos quedó tanto la emergencia del sistema previsional decretada por el gobierno de Alfonsín, la conformación del sistema mixto menemista que elevó exponencialmente a los excluidos del sistema (con una cobertura que apenas rozaba el 50%), y el 13% de quita de la breve y trágica gestión delaruista.

No menos cierto es que dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), siete de cada diez jubilados reciben el haber mínimo y que son muchísimos los esfuerzos que faltan realizar para mejorar el sistema y, por tanto, la calidad de vida de nuestros adultos mayores. También tengamos en cuenta que el haber mínimo jubilatorio viene aumentadoalrededor del 29% promedio por añodesde la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Superando de esta manera hasta la medición más pesimista en materia inflacionaria. Nuevamente, lejos quedaron los 150 pesos que recibieron los jubilados durante diez años.

Asimismo, gracias a las medidas de inclusión previsional, hoy Argentina cuenta con la cobertura jubilatoria más alta de América Latina, rondando el 96% del total de adultos mayores.Hoy, por ley, los jubilados argentinos reciben dos aumentos de sus haberes por año, y el sistema previsional tiene como variable central la evolución económica del país, brindando no sólo previsibilidad sino sobre todo sostenibilidad. En definitiva, la disputa termina oscilando entre la elección por un sistema exclusivamente contributivo o la profundización de un sistema solidario e igualitario. 

En este sentido, es importante recordar que el sistema previsional argentino se financia en un 54% con aportes y contribuciones, y un 46% con impuestos generales como ganancias o el IVA.

Durante este gobierno los haberes se actualizaron 22 veces; 12 por decreto y 10 por la ley de movilidad, lo que elevó la jubilación mínima en un 1.551%. Asimismo, se amplió a más de 2,5 millones de adultos mayores la cobertura, mejorando no sólo la cuantía de los ingresos percibidos, sino también la salud, a través del acceso a PAMI.

Un estudio del CONICET demostró que la implementación del 82% móvil aumentaría la desigualdad en un 15%, ya que las jubilaciones más altas se incrementarían entre un 80% y un 100%, muy por encima del haber promedio y poniendo en riesgo la estabilidad del sistema.

Falta mucho por hacer, es cierto. Pero también lo es que quienes realizan estas propuestas altisonantes nosocultan que con esa medida sólo se beneficiará a unos pocos en perjuicio de la gran mayoría de los jubilados y pensionados de nuestro país. La lógica individualista en que se basó el sistema de las AFJP (y en la que está anclada este concepto del 82 % móvil), demostró su fracaso y la reestatización del sistema fue la respuesta adecuada para evitar un colapso social. El principio de solidaridad que basa al sistema de reparto nos impone una progresividad de la distribución para no poner en riesgo al sistema, garantizar las prestaciones a todos y asegurar el buen funcionamiento del sistema.

Por Herman Avoscan