Según comunicaron las autoridades del Sindicato de Trabajadores Viales de la Provincia de Río Negro y trascendidos en diversos medios periodísticos de la ciudad y región, una vez que se superen las elecciones primarias del domingo pasado, desde esos organismos “se procederá a cursar telegramas o cartas documentos de despido, cesantía y/o exoneración de agentes viales que las actuales autoridades provinciales han predeterminado -en forma arbitraria y altamente sospechosa - que no deben pasar a la planta de personal transferido de Via.RSE a la Dirección de Vialidad Rionegrina”.

Mendioroz puntualizó que “si bien desde este bloque hemos impulsado diversos pedidos de informes al respecto, entendemos que la cuestión planteada, que comprende derechos y garantías de un número importante de agentes públicos rionegrinos, merecen que desde ese organismo constitucional se tome intervención y se indague sobre los comportamientos ilegales y arbitrarios que denuncian de los funcionarios públicos involucrados en el tema”.

Agregó: “El procedimiento de transferencia de personal de la empresa liquidada al organismo vial que se crea, fue garantizada en sede legislativa y plasmada en el texto legal y del decreto pertinente”.

En otro párrafo de la extensa nota, Mendioroz describió que “en virtud de la sanción de la Ley Nº 4.743, que crea la Dirección de Vialidad Rionegrina y autoriza al Poder Ejecutivo según el articulo 9º de la Ley 4.735, a disolver y liquidar la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (ViaRSE), se ha transferido personal de la empresa en liquidación ViaRSE. a la Dirección de Vialidad Rionegrina (DVR), teniendo información que no fue transferido todo el personal que revestía en ViaRSE, sino que selectiva y arbitrariamente se ha dejado a una numero de agentes viales fuera de tal transferencia, algunos mediante la sanción de faltas disciplinarias, y otros sin definir la situación laboral actual, con fuerte menoscabo a la dignidad de dichos trabajadores y por ende sus familias”.

Remarcó que “según los términos del artículo 23 de la ley Nº 4.743 y del artículo 9º del Decreto Nº 1.593/2012 que expresamente dice “transfiérase el personal de la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado ( ViaRSE), a la Dirección de Vialidad Rionegrina (DVR) respetando clases, categorías y antigüedad que posea el agente en los términos del convenio colectivo 572/2009, aplicable al personal Vial”, tal circunstancia no debió ocurrir, es decir ni la ley ni mucho menos la reglamentación permiten diferencias entre el personal de revista en ViaRSE y el que se transfiera a la Dirección Rionegrina de Vialidad. Donde la ley no aclara ni distingue, no se debe distinguir. Eso no ha sido así”.

“Sospechamos además que ha existido una actuación con algún grado de complicidad o amparo de la arbitrariedad por parte de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Río Negro y nula actuación del Delegado Viedma de dicha Secretaría de Trabajo, ya que se ha homologado la transferencia de personal, sin atenerse a que la ley, el decreto de transferencia, pero además la Constitución Provincial y Nacional y el Convenio Colectivo de Trabajo permiten en estos casos que exista menoscabo a los derechos y estabilidad laboral”.

“Pero debemos manifestar aquí que no solo se han violado los derechos de los agentes que no fueran transferidos de la empresa en liquidación al nuevo organismo vial, sino que con los efectivamente transferidos, se ha actuado con arbitrariedad y negligencia al no respetarse los cargos, categorías y clases y antigüedad de los agentes efectivamente transferidos”, remarcó Mendioroz.

Consideró necesario que se constate ya que ha habido reclamos ante la Secretaria de Trabajo que agentes viales formularan por medio de su Sindicato y no fueron atendidos.

“Por ello es que formulamos la presente denuncia o requerimiento de actuación, en tanto entendemos que cuenta usted.y ese organismo con herramientas válidas para abocarse e investigar los hechos aquí esbozados, sugiriendo que se convoque al Sindicato de Empleados Viales de Río Negro a que aporte documentación de respaldo de lo relatado, exigiéndose informe a los organismos mencionados, a la empresa y en particular al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en tanto su titular ha tenido y tiene más allá de la competencia asignada por la ley de Ministerios, participación activa y de dirección sobre las acciones que ha adoptado la empresa liquidada y el nuevo organismo, que sin duda afecta derechos y garantías de los agentes viales”, detalló a la defensora del Pueblo.

Mencionó, también en nombre de los legisladores que integran su bloque: “Sospechamos incluso que no ha intervenido en el procedimiento de transferencia de personal descripto, la Fiscalía de Estado, por lo que entendemos se pone en grave riesgo tanto a la legalidad como al propio erario público que puede ser objeto de demandas laborales y de daños y perjuicios en base incluso a nulidades en la actuación de organismos públicos”.

Y concluyó: “Esperamos que su participación e intervención sea resuelta favorablemente y brinde mayor transparencia y orden a un trámite que muestra claramente el accionar arbitrario e ilegal de funcionarios provinciales”.