Defensora actúa de oficio por irrupción policial en escuela de Cipolletti

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De los acontecimientos registrados en ese momento, surge una evidente disparidad en los relatos de los representantes de los docentes y de la fuerza policial. Los maestros, aseguran que la actuación de los uniformados dependientes de la Subcomisaría 79 fue intempestiva, represiva, violenta e injustificada, violando las normas que debe guardar la institución cuando actúa sobre una escuela.
Ese día-aseguran los maestros- los policías pretendían requisar a los alumnos con la intención de llevarse a uno de ellos, acción que se vio impedida por la intervención de los docentes. 
Este hecho, que para nada resulta aislado, amerita un debate amplio sobre los protocolos a los que debe atenerse la policía para actuar en estos casos.
En tanto, desde la fuerza policial involucrada se dio una versión muy diferente, haciendo saber que se dirigieron al establecimiento educativo respondiendo a la denuncia de una ciudadana que informó de la presencia de un presunto menor en inmediaciones del colegio, que estaría armado. Al llegar al lugar la comisión policial, fue informada por un grupo de jóvenes que, efectivamente, una persona había ingresado armada a al establecimiento y que estaba “sacada” atento lo cual procuró  ingresar, pero fue impedida de hacerlo por el propio personal docente.
Ante este escenario planteado, la Defensoría del Pueblo considera procedente solicitar al Sr Jefe de la Policía, Dr Fabián Gatti, eleve un informe sobre cuál fue la actuación de la fuerza policial el 14 de agosto en inmediaciones del CEM Nº 147 y el motivo de su presencia; si la misma se considera ajustada a los procedimientos legales; que actuaciones internas se labraron; si existe denuncia penal de alguna de las partes, docentes y fuerza policial; que protocolos de actuación existen o se siguen, frente a situaciones de inseguridad en establecimientos públicos, en especial educativos, con presencia de menores de edad.
La doctora Nadina Díaz consideró que “es prioritario establecer por parte de la Policía en forma consensuada con las autoridades educativas, procedimientos protocolizados ante hechos de inseguridad en establecimientos públicos, con mayor énfasis en los escolares, que permitan una efectiva intervención y respuesta, atendiendo las particularidades del lugar, a la presencia de menores y al respeto de los ciudadanos”.

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