El diputado rionegrino manifestó que el actual contrato de concesión de la Empresa Edersa, al cual le quedan 80 años de cumplimiento, “no la obliga a realizar inversiones que garanticen una determinada calidad y la absuelve de realizar extensiones de la red que estén ubicadas a más de 200 metros de las existentes salvo que se la financien los usuarios con una devolución nada conveniente para estos. En semejante cuadro, es lógico que las obras las tuvieran que realizar los Estados: los municipios y la provincia, para permitir la expansión urbana; la Nación, para abastecer a las industrias y grandes comercios”.

Asimismo manifestó que “entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, el EPRE sancionó a la distribuidora por 10.300.000 pesos, y en lo que va del 2013 ya acumula casi 11 millones”.

Avoscan enfatizó como única salida viable de la situación la declaración de utilidad pública de la distribución del servicio “a fin de garantizar el abastecimiento para la actividad económica y el desarrollo urbano con equidad social, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento armónico de la provincia”.

“Un nuevo marco regulatorio permitirá  la reaparición formal del Estado provincial en escena con su estrategia de planificador y organizador; pero para no repetir los riesgos del pasado, debería recuperar el manejo de los fondos destinados a obras. Mediante la constitución de un Fondo Fiduciario, el Estado podría obtener los recursos para destinar a las obras que son cada vez más urgentes” sostuvo.

Por último el diputado nacional manifestó que “al estar claro este rol del Estado rionegrino, a través de la secretaría de Energía se podrá crear un organismo de planificación de las obras que faltan para ampliar la cobertura y trabajar con más racionalidad en la ampliación de la red”.